Andrés Fidanza, en coautoría con Sonia Budassi, escribió esta semana una nota en la revista digital Anfibia titulada “El rompecabezas Nisman”. El domingo, entraron a robar a su casa cuando no estaba: se llevaron computadoras y plata. El pestillo de la puerta de la cocina, que había volado cuando lo forzaron, estaba apoyado sobre el lomo de un libro sobre la explosión en la AMIA
Por: Laureano Barrera
El domingo pasado, el periodista Andrés Fidanza salió a las dos de la tarde de su departamento de La Boca. Fue con su novia a comer a un bodegón y en la mochila cargó la computadora portátil porque después del almuerzo tenía que dar la estocada final a un artículo que vería la luz días después. Desde hacía tres semanas, Fidanza hablaba por teléfono, mandaba correos, visitaba fuentes y se reunía con informantes en cafés apartados intentando armar “El rompecabezas Nisman”, como se tituló la investigación publicada el miércoles en la revista digital Anfibia, en coautoría con Sonia Budassi.
A las nueve de la noche volvieron al departamento y vieron la puerta barreteada. Esperaron a que llegara Prefectura para ingresar. Adentro no encontraron un gran desorden, pero habían revisado minuciosamente la casa, llevándose dos notebooks y plata que era para las vacaciones. Las computadoras eran de la mujer de Fidanza, y no guardaban información sensible del caso Nisman. "La nota que tenía casi terminada se salvó porque me había llevado mi notebook”, remarcó el periodista en diálogo con Infojus Noticias. No se llevaron tarjetas de crédito ni electrodomésticos.
En la cocina encontraron el dato que más los asustó: el pestillo de la puerta que había volado cuando lo forzaron estaba apoyado prolijamente sobre el lomo de un libro sobre la explosión en la AMIA.
A las diez de la noche del domingo, llegó la división de Rastros de la Policía Federal. Encontraron una huella borroneada. “Me dijo la perito que habían usado guantes de látex”, contó Fidanza. Después, por un vecino, la pareja supo más detalles. Cuando el hombre que vive junto a su casa llegó, alrededor de las cuatro de la tarde, vio la cortina americana baja. Los dueños del departamento la habían dejado levantada al salir. Los ladrones entraron a plena luz del día, entre las dos y las cuatro de la tarde, ni bien los propietarios se fueron: un dato que denota cierta inteligencia.
“Obviamente no puedo afirmar que haya conexión entre los hechos”, advirtió Fidanza, pero detalló algunos datos que le resultaron extraños. “Este es un edificio viejo, con una sola entrada. En treinta y cinco años nunca había pasado nada. Y nosotros habíamos estado hablando por teléfono esos últimos días sobre la nota”, agregó.
A través de un comunicado, el rector de la Universidad Nacional de San Martín –la Casa de Estudios que apadrina a Anfibia- Carlos Ruta, expresó “su preocupación por el robo del que fuera víctima el periodista Andrés Fidanza, quien investigó y escribió para la revista Anfibia sobre el caso del fiscal Alberto Nisman”. También informó que el periodista se presentó hoy ante la Fiscalía de la Boca para solicitar una custodia permanente.
Fidanza trabajó en la sección política en el diario Crítica de la Argentina y en la revista Newsweek. Colaboró con Brando, Playboy, Miradas al Sur y Crisis, entre otras publicaciones. Y escribe con bastante regularidad en Perfil.
Fuente: InfoJusNoticias

Publicado en la página 40 del Diario La Capital, domingo 15 de febrero de 2015

Compañeros y amigos:
Les escribimos para avisarles, que con un lapso de 30 días fueron destruidas las vidrieras de las dos librerías que organizaron las presentaciones del libro “La CNU” de Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal.
En La Plata de La Campana, (que es además su distribuidor nacional), y en Mar del Plata la librería “Como la cigarra”, de la compañera Cristina Izaguirre, quien trabajara mucho tiempo con nosotros, el último ataque fue este fin de semana.
En ambos casos no hubo robos a pesar de que quedaban expuestos y a la vista, tanto libros como computadoras y otros objetos de valor.
Ni siquiera intentaron ingresar. Solo dejar el mensaje.
Según comprobamos tampoco hubo ningún otro acto de vandalismo en las inmediaciones de ninguna de las librerías contemporáneamente a estos hechos.
La Plata y Mar del Plata, son las dos únicas ciudades, donde hay detenidos y procesados de la CNU, por los crímenes cometidos contra militantes populares, considerados como delitos de lesa humanidad.
En el caso de La Plata es inminente la elevación a juicio de la causa.
Este libro ha sido presentado como prueba por la querella en el juicio, así como otros títulos editados por nuestra editorial en diferentes causas, asimismo algunos de sus autores han sido citados a testimoniar (Marie-Monique Robin, por “Escuadrones de la muerte, la escuela francesa” por ejemplo).
Creemos que hay una obvia relación entre todos estos hechos,y así lo hemos manifestado en la denuncia realizada acompañados por la Secretaría de DDHH de la Provincia de Buenos Aires ante la UFI Nº 3 de La Plata.
Felizmente hemos tenido buena recepción con nuestra denuncia,tanto en la Justicia como en la prensa (TV, diarios, radios) de La Plata.
Un acto así de quienes reivindican el terrorismo de estado y mantienen un discurso anti popular, macartista y antisemita y ha sido condenado por todos los sectores, independientemente de que coincidan o no con nuestra línea editorial.
En veinte años de editar libros que reivindican las luchas y organizaciones del campo popular,ya sea en los ’70 como contemporáneas, hemos recibido numerosas provocaciones. Desde la presencia haciendo una pantomima grotesca de un supuesto agente de inteligencia de la Policía Federal, de un ex custodio de Petroquímica Sudamericana recordando algún directivo ejecutado por la guerrilla, larguísimos llamados telefónicos de un supuesto comisario de la bonaerense, que con la excusa de una campaña de donación de chalecos (según comprobamos inexistente) mantenía una conversación errática sobre temas triviales, suponemos que para ”tomarnos el pelo”, los llamados para encargarnos el libro “Soy Vargas”, una apología del terrorismo de estado escrita por el torturador Vergés preguntando si lo habíamos editado nosotros, los mails de SEPRIN, y de la página nazi “El Walhalla” hasta la más sutil de intentar editar en nuestra editorial libros que se encuentran en las antípodas de nuestra línea editorial y posición política.
Por ejemplo el intento de Ceferino Reato de que editáramos “Operación Traviata”, que lógicamente fue rechazado, y más recientemente el muy insistente (e inexplicable) intento de Soledad San Emeterio de ser editada por nuestra editorial a pesar de que su novela poco tenía que ver con nuestras publicaciones. Texto que también rechazamos, no por su contenido, si no por haber descubierto que es hermana del ex agente de la SIDE Eduardo San Emeterio, abogado de numerosos represores,y un reivindicador público del terrorismo de estado, e hija del coronel de inteligencia San Emeterio entrenado en la “Escuela de las Américas” y en Francia en cursos de contrainsurgencia del ejército de ese país.
Curiosamente este intento coincidió con la preparación de la edición por nuestra editorial de “Escuadrones de la muerte, la escuela francesa”, lo cual era público.
Nada de esto nos preocupó demasiado.
Todos estos pequeños sucesos,a lo largo de años -algunos risueños- no son más que parte del “folclore” de cualquier editorial o publicación del campo popular,que denuncie o hiera los intereses de fuerzas represivas o del poder económico. Bien lo sabe cualquier editor o periodista comprometido con las fuerzas populares. Así los hemos tomado y por ello nunca hemos hecho denuncias sabiendo que esto es habitual,que es parte de lo cotidiano de esta profesión,y conscientes de que el poder económico ha mantenido su hegemonía (a pesar de haber retrocedido en el terreno político), y que el daño que pudiera hacerle una pequeña editorial es mínimo,por lo que nunca esperamos (ni tuvimos) hasta ahora verdaderos ataques.
Pero ahora hemos pasado a otra situación: el ataque físico directo hasta ahora limitado a algo menor como la rotura de vidrieras, pero que puede pasar a otros planos.
Creemos que la mejor protección es la denuncia y así hemos comenzado a hacerlo.
Les pedimos que difundan en lo posible este correo para contribuir a que que la condena de la sociedad a estas sectas fascistas les impida seguir actuando tanto contra nosotros como contra otras publicaciones populares.
Desde ya les agradecemos la colaboración.
Raúl Campañaro, director de Editorial De la Campana

Por: Jairo Straccia
La intempestiva llegada del empresario Cristóbal López a los diarios ámbito Financiero y Buenos Aires Herald está en duda. El empresario Daniel Vila, que junto con su socio José Luis Manzano había hecho un preacuerdo con Orlando Vignatti para quedarse con esos medios gráficos, consiguió que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar.
La presentación se hizo en el Juzgado Comercial 12 de la Capital Federal, a cargo de Hernán Diego Papa, que ordenó al dueño de Ámbito retomar las negociaciones con Vila, según fuentes cercanas a la causa. La decisión obedece a que existía un contrato de compraventa entre las partes que Vignatti habría incumplido. Las partes ya fueron notificadas.
López apareció en las últimas semanas como sorpresivo comprador de los medios y hasta pagó los sueldos de enero, luego de que durante varias semanas el propio Vila ultimara la compra con Vignatti, de quien además es socio en varios medios del interior del país. Pero de un día para el otro se cortó el diálogo, y tiempo después emergería López para firmar, el jueves pasado finalmente, la compra de esos diarios.
Cristóbal López encabeza el Grupo Indalo, un conglomerado de empresas surgido desde la empresa de servicios petroleros que desarrolló en Santa Cruz y a partir de la cual conoció al entonces gobernador Néstor Kirchner, a quien consideró su amigo.
López, junto a su socio Fabián de Sousa, es además uno de los mayores empresarios del juego de la Argentina, y en los últimos años se expandió en el universo de las empresas periodísticas. De tener un diario local (El Patagónico) pasó a quedarse luego con C5N y las radios que le compró a Daniel Hadad, desde Radio 10 hasta Pop, La Mega y Vale.
Fuente: Diario Perfil

Por: Juan Buchet
Como el fiscal argentino Alberto Nisman, hace 25 años, el juez Gilles Bouloque fue encontrado muerto en su domicilio. Como él, investigaba sobre atentados terroristas y acusaba a Irán. Las coincidencias entre estos dos casos son impresionantes.
¿Un magistrado antiterrorista encontrado muerto en su domicilio cuando sospechaba que el gobierno de su país había pactado en secreto con Irán? Uno piensa inmediatamente en el fiscal argentino Alberto Nisman, cuyo deceso, el 18 de enero de 2015, hizo las primeras planas de los diarios del mundo entero. Pero también se podría pensar en otro magistrado, hoy casi olvidado: el juez francés Gilles Boulouque, que perdió la vida en condiciones extrañamente similares hace 25 años. Las coincidencias entre los dos casos son impresionantes.
A cargo de la investigación sobre el atentado contra la mutual judía Amia, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos en Buenos Aires en 1994, Alberto Nisman había acusado a miembros del Hezbollah libanés como autores materiales, bajo la dirección de funcionarios iraníes en Teherán y en la embajada de su país en la Argentina. Como consecuencia de sus investigaciones, Interpol había lanzado pedidos de captura internacional contra cinco de estos funcionarios. Gilles Boulouque era el juez instructor de una serie de atentados cometidos en Paris en 1986, que hicieron en total 13 muertos y más de 250 heridos. Según él, un comando del Hezbollah había colocado las bombas, cumpliendo órdenes de Wahid Gordji, oficialmente traductor pero en realidad jefe de inteligencia de la embajada iraní en Francia.
Pero ni Nisman ni Boulouque pudieron ver sus acusaciones confirmadas (o desmentidas) en el marco de un juicio de los iraníes que querían procesar. En el caso de la Amia, ante la negativa de Teherán de entregar a los sospechosos, la Argentina firmó en el 2013 un acuerdo con Irán que preveía que pudieran ser interrogados en su país. Nisman entendió que dicho acuerdo escondía un pacto secreto por el cual la presidenta Cristina Kirchner, de quien era cercano hasta entonces, iba a exculpar a los supuestos terroristas, tal como lo declaró públicamente unos días antes de su muerte. En el caso de los atentados de París, si bien las relaciones entre el magistrado instructor y el Gobierno parecen haber sido más ambiguas, el desenlace fue más rápido: después de declarar ante el juez Boulouque, en noviembre de 1987, Wahid Gordji fue inmediatamente repatriado a Irán. Paralelamente, dos rehenes franceses detenidos por el Hezbollah en el Líbano eran liberados, presumiblemente en el marco de un intercambio acordado con las autoridades francesas y supervisado por el entonces ministro del Interior Charles Pasqua.
Alberto Nisman murió el 18 de enero de 2015, en su departamento, de una bala en la cabeza disparada por una pistola que le había pedido la víspera a uno de sus colaboradores. Tenía 51 años. La investigación sobre su muerte está en curso y todas las hipótesis siguen abiertas. Pese a que la mayoría de los indicios hacen pensar en un suicidio, numerosos argentinos creen que fue asesinado. Gilles Boulouque murió el 13 de diciembre de 1990, en su casa, de una bala en la cabeza disparada por su arma de servicio. Tenía 50 años. Según la investigación, se habría suicidado, pero todavía hay franceses que dudan de ello.
Entre los dos casos, también hay diferencias. Nisman, magistrado muy mediático, estaba apoyado por toda la prensa argentina hostil al Gobierno, y por un importante sector del aparato judicial. Boulouque, hombre discreto, fue atacado por la mayoría de los medios franceses por su supuesta complicidad con el intercambio que permitió liberar a Gordji y hasta fue inculpado por el Ministerio Público por « violación del secreto de la instrucción ». Pero ambos magistrados fueron dejados solos, cuando estaban presionados y amenazados por investigar hechos de terrorismo internacional en los que pudieron haber intervenido varios servicios de inteligencia (el iraní obviamente, pero también el Mossad israelí y la CIA estadounidense, así como los de sus respectivos países) y sobre los cuales pesaban intereses de Estado en gran parte ocultos.
Entonces, que se trate de un suicidio o de un homicidio, se puede pensar, en uno y otro caso, como lo dice el exjuez francés Jacques Bidalou acerca de Bouloque, que estos dos magistrados antiterroristas fueron « asesinado(s) por un sistema judicial cuyas prácticas tiene que ver con el Kremlin y la Mafia ». Para él, « Gilles Boulouque murió por haber estado al servicio de la manifestación de la verdad en un mundo en el que ya no hay lugar para la verdad ». Excesivo, sin duda. Pero, independientemente de otras conclusiones, lo que parece demostrar el inquietante paralelismo de estos dos casos es, al menos, que este tipo de investigaciones no debería ser confiado a un hombre solo sino a equipos de magistrados, especialmente formados y protegidos. Lo que supone, obviamente, que los gobiernos privilegien realmente la búsqueda de la verdad.
Juan Buchet, corresponsal en Argentina de Radio Francia Internacional
Fuente: RFI

Periodismo.com publicó un adelanto del libro “¿Década ganada? Evaluando el legado del kirchnerismo”, compilado por Carlos Gervasoni y Enrique Peruzzotti. El capítulo 3 lleva la firma de Martín Becerra y analiza el sistema de medios en el kirchnerismo
Por: Martin Becerra
El presente capítulo analiza, desde la perspectiva de las políticas de comunicación, el ciclo kirchnerista en curso (período 2003-2013) a partir del examen de variables de análisis clave del sistema de medios. Estas variables son la estructura del sistema y su régimen de propiedad; la lógica de funcionamiento económico del sector; la triple función del Estado como autoridad de aplicación de la normativa, operador de emisoras y financiador de emprendimientos; el tipo de acceso social a los medios (tanto a su propiedad como a su programación); y la regulación de los contenidos.
Los (hasta ahora) diez años de ejercicio de gobierno por parte de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011; 2011-2015) constituyen la continuidad constitucional más extendida de los últimos cien años en el ejercicio de la presidencia. En este ciclo, las políticas de comunicación alcanzaron un protagonismo inédito en la agenda política y trascendieron el debate especializado delos profesionales y analistas de los medios para nutrir la discusión en el espacio público.
El capítulo ensaya un sintético panorama de los hitos en materia de políticas de comunicación desde diciembre de 1983, como encuadre en el que se inserta el ciclo kirchnerista, que por ser el objeto de análisis del presente texto requerirá una exploración más detallada.
El estudio de las mutaciones del espacio público en la Argentina no puede prescindir de la consideración de las condiciones en que se producen y circulan masivamente la información y la comunicación, recursos esenciales de la socialización. Esas condiciones fueron transgredidas por las políticas del kirchnerismo, fundamentalmente durante las presidencias de Cristina Fernández.

Medios y democracia pos 83
Los treinta años que separan al presente de la recuperación del régimen constitucional exhiben cambios significativos en el sistema de medios. Sus contenidos, su estructura de propiedad, su propia definición desafiada por nuevos contornos tecnológicos y su discusión por parte de la sociedad, presentan modificaciones notables. Si bien la adscripción al lucro moldeó buena parte de las últimas tres décadas como principio rector del funcionamiento de los medios, en los últimos años la discusión sobre la comunicación introdujo un complemento innovador.
En materia de contenidos, el cambio más sobresaliente desde la recuperación del régimen constitucional es el destierro de la censura directa ejercida hasta los años 80 no sólo por gobiernos militares, sino también por civiles en el siglo pasado (por ejemplo, los cierres de diarios y revistas en los dos primeros gobiernos de Juan Perón; el manejo discrecional de las cuotas de importación de papel en varios gobiernos o el decreto 1.774 que inauguraba las listas negras en 1973, firmado por el presidente provisional Raúl Lastiri a dos días de la tercera asunción de Perón). Es decir, la censura no era un fenómeno efímero o reducido a dictaduras sino que formó parte de la normalidad de la actividad política en el país antes de 1983. Y si bien hubo episodios aislados de censura en los medios durante el gobierno de Raúl Alfonsín y casos esporádicos en las presidencias de Carlos Menem, la progresiva conquista de la libertad de opinión fue una constante en los últimos treinta años. Las últimas décadas atestiguan además el cambio de la relación entre medios y práctica/discurso político debido a la creciente mediatización de la actividad política y, en particular, la marca audiovisual que contiene esta actividad.
A la vez, el proceso de convergencia tecnológica en curso que une soportes de producción, edición, distribución y consumo de medios audiovisuales, gráficos, telecomunicaciones y redes digitales (Internet),es una fuerza transformadora del sector, pues la referencia a los medios de comunicación en sentido estricto debe mutar para comprender parte de su actual desempeño social. Es preferible aludir al sector“infocomunicacional”1 para dar cuenta así de la convergencia.
La digitalización de las tecnologías de producción y la competencia de nuevas pantallas (Internet, televisión por cable) afectó los lenguajes tanto audiovisuales como escritos (ver Becerra, Marino y Mastrini, 2012). Los diarios y revistas agilizaron sus ediciones con diseños que jerarquizaron el valor de las imágenes y redujeron la extensión de los artículos. La fundación de Página 12 en 1987 oxigenó al sector gráfico al introducir una edición desacartonada, sin los prejuicios políticos y culturales de los diarios más consolidados del sector (que en ventas encabezaba Clarín, seguido por Crónica en sus distintas ediciones y luego por La Nación). Página 12 nunca logró una posición importante en el mercado, pero su presencia operó como un revulsivo para la competencia. Además, desde el inicio de la primera presidencia de Menem, Página 12pulió un estilo narrativo, propio del non-fiction, potenció el periodismo de investigación y editó denuncias de corrupción del gobierno. Estos rasgos se generalizarían desde entonces.
Los medios audiovisuales se remozaron tecnológicamente y reorganizaron sus procesos productivos a través de la tercerización de su programación, lo que habilitó el surgimiento de una gran cantidad de productoras independientes que por un lado revitalizaron estéticamente la televisión y la radio, y por el otro significaron un ahorro de costos fijos en las emisoras, que delegaron el riesgo en las productoras. Varias de éstas fueron más tarde absorbidas por los grandes grupos. La delegación del riesgo tiene dos dimensiones: la posibilidad de los canales y las radios de nutrirse con ideas y proyectos innovadores en términos de programación, tanto en la ficción (ver Carboni, 2012) como en los contenidos periodísticos; y la derivación a terceros de costos fijos en propuestas cuya realización mercantil es, en su fase de concepción, incierta.
La organización del trabajo en los medios fue atravesada por los procesos mencionados, en un contexto de precarización creciente desde fines de la década de 1980 en adelante, lo cual fue acompañado por la explosión de carreras de comunicación social y tecnicaturas de periodismo que institucionalizaron la formación profesional y proveyeron de ex alumnos no sólo a los medios sino también a oficinas de relaciones públicas y comunicación institucional del Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
Pero no todo es novedad, ya que se mantuvo inalterada la centralización geográfica de la producción de contenidos en los medios: la zona metropolitana de Buenos Aires sigue proveyendo más del 80% de la programación televisiva originada en el país; en los medios gráficos, el cierre o la absorción de diarios locales por conglomerados mediáticos con sede en Buenos Aires restringió la producción local. Además, sigue siendo extendida la práctica de alquiler y subalquiler de espacios, añadiendo complejidad al peso del licenciatario en el control de los contenidos que emite. Esta práctica, compartida por emisoras del interior del país y del área metropolitana de Buenos Aires, conduce a reformular los esquemas rígidos de vinculación entre propiedad del medio e ideología, toda vez que la inserción de intermediarios(productoras que comercializan espacios, que en algunos casos son productoras directamente vinculadas con conductores radiales y televisivos)añade complejidad acerca del control final de cada producto emitido y conflictúa la idea misma de “propuesta de programación”.
Otro proceso insoslayable por ser distintivo del período es la concentración de la propiedad de los medios. Esta concentración, alentada por uno de los cambios con los que en democracia se empeoró la Ley de Radiodifusión de la Dictadura (decreto 22.285 de 1980), se desplegó en dos fases: la primera expansiva, la segunda defensiva.
Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1995; 1995-1999) estimularon la fase expansiva de la concentración del sistema de medios, primero con privatizaciones que beneficiaron a grupos nacionales (Clarín, Editorial Atlántida) y luego permitiendo el ingreso de capitales extranjeros, en algunos casos ajenos a la economía de los medios, y la progresiva inserción de capitales financieros.
A partir del segundo gobierno de Menem se produjo el ingreso de conglomerados como Telefónica, Prime o, más tarde, Prisa, y se “financierizó” el sistema, con la llegada del Citibank asociado al banquero Raúl Moneta, del fondo de inversión HTF&M, o de la sociedad entre Clarín y Goldman Sachs. La cualidad extranjerizada y “financierizada” de la concentración fue indicadora de que los medios cotizaban tanto por su influencia político-cultural, como por su función económica. Esta doble cualidad de la comunicación (simbólica y económica) fue analizada por la Escuela de Frankfurt a partir de la década de 1940 (Adorno, 1967),pero fue a partir de las últimas décadas del siglo XX cuando se abordó de modo sistemático la centralidad de las industrias de la cultura y, en particular, de los medios de comunicación. Este abordaje repara en la función de los medios como vehículos de valorización de otros capitales, además de ser en sí mismos un sector dinámico y económicamente creciente (ver McChesney, 2002; Arsenault y Castells, 2008).
En la Argentina la concentración del sector, su movilidad, extranjerización y “financierización” están contenidas en tendencias globales que, sin embargo, no alcanzan para explicar las peculiaridades locales.
En esta fase expansiva de la concentración, el Estado autorizó la constitución de multimedios vía Reforma del Estado de 1989, otorgó privilegios impositivos, amplió el límite de licencias acumulables por parte de un mismo operador y legalizó las redes. Con la asunción de Fernando de la Rúa (Alianza UCR-Frepaso) en 1999, el sistema de medios estaba protagonizado por los grupos Clarín y Telefónica. Clarín basó su estrategia en la expansión conglomeral (tiene posesiones en casi todas las actividades de las industrias mediáticas) y en particular en su dominio del apetecible mercado de televisión por cable, que al finalizar la década de 1990 le aportaba ya más de la mitad de sus ingresos totales. Telefónica, en cambio, domina el mercado de telefonía básica, donde opera la mitad del mercado y controla un tercio de los servicios de telefonía móvil y de conexiones a Internet. Además, desde hace más de una década gestiona nueve canales de televisión abierta (grupo Telefé).
De la Rúa, al igual que sus antecesores Raúl Alfonsín y Carlos Menem, promovió en el interior de su gobierno la redacción de un proyecto de ley sobre radiodifusión que reemplazara el decreto-ley dictatorial, pero este intento fue abortado a raíz de la resistencia de los principales grupos de medios.
La salida de la crisis de 2001 encontró un Estado dispuesto a ayudar a las empresas periodísticas a través de la sanción de una ley denominada “de preservación de bienes culturales” que fue, en rigor, una salvaguarda de las condiciones patrimoniales, concentradas y centralizadas en pocos grupos, que caracterizaba al sistema de medios. Esa ley, conocida como “Ley Clarín” por la centralidad del grupo en el sistema de medios, benefició a todas las empresas endeudadas y cuenta con cláusulas específicas para proteger también a competidores del principal multimedios, como Telefónica.
Así se inició la segunda fase del proceso de concentración, en el que los gobiernos de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner(2003-2007) respaldaron una estrategia defensiva con políticas diseñadas a la medida de los grupos más importantes del mercado local. Si la década de 1990 fue expansiva y la concentración avanzó en una dimensión que Miguel de Bustos (2003) denomina conglomeral, el lustro tras la crisis de principios siglo atestigua el despliegue de una defensa de los grupos concentrados para evitar la pérdida del control de los sectores que dominan.
La definición de la etapa 2002-2008 como de “concentración defensiva” del sistema de medios explica, por ejemplo, que se obturara la competencia del lucrativo mercado de televisión por cable, que en la regulación heredada de la dictadura era considerado “servicio complementario”. Esta etapa, de “concentración defensiva”, finalizó con la presidencia de Néstor Kirchner.
La crisis de inicios de siglo operó como pretexto para esta segunda fase, que fue defensiva justamente porque el argumento de empresarios y gobiernos fue que sólo un blindaje al ingreso de otros operadores podría permitir la recuperación de sus niveles de actividad. La protección ante la competencia ha sido una estrategia utilizada en otras fases de concentración en la historia de los medios en la Argentina y habilitaría una reflexión fundamental acerca del vínculo necesario con la regulación estatal que precisan los actores concentrados del sector para poder funcionar. Esta vinculación, en la que el Estado constituye un dinamizador económico insoslayable del mercado infocomunicacional, excede la actual coyuntura en la que la disputa entre el gobierno de Cristina Fernández y Clarín ayuda a entender algunos procesos centrales pero obstura la comprensión de continuidades históricas.
En esta revisión de las políticas aplicadas en el sector de medios se constata que en las últimas décadas se concentró fuertemente la propiedad, el capital y la producción. Ello produjo la desaparición de empresas de comunicación medianas y pequeñas y deterioró la diversidad de perspectivas

Un ciclo, dos etapas, política de medios del Kirchnerismo (2003-2013)
El examen de las políticas de medios del kirchnerismo arroja un panorama que dista de ser homogéneo, a menos que se parta del juicio de que todo lo actuado en el período debe reivindicarse o repudiarse a libro cerrado. En la política de medios desplegada por el kirchnerismo entre 2003 y 2013 se distinguen dos etapas. El punto de ruptura se ubica tras la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta, quien disolvió los buenos vínculos que su antecesor cultivó con el Grupo Clarín durante el lapso 2003-2007.
Como se mencionó, cuando Kirchner llegó a la presidencia en 2003,el sistema de medios había sufrido una importante transformación y modernización, pero estaba en quiebra. El sector se había concentrado en pocos grupos, nacionales y extranjeros, algunos de ellos asociados a capitales financieros; la concentración era de carácter conglomeral, es decir que los grupos desbordaban en muchos casos su actividad inicial y se habían expandido a otros medios (multimedios) y también a otras áreas de la economía, lo que en varios mercados se traducía en actores dominantes. También se había remozado tecnológicamente el parque productivo de las actividades de información y comunicación, y la organización de los procesos de creación y edición había mutado por la tercerización de la producción de contenidos lo que, a su vez, había estimulado una dinámica base de productoras de diferente tamaño. Asimismo, se forjaron nuevos patrones estéticos tanto en la ficción televisiva como en los géneros periodísticos y había resucitado la industria cinematográfica por la Ley del Cine de 1994 (ver Marino, 2013). En el período pre 2003 se había incrementado la centralización de la producción en Buenos Aires, algo que en su último gobierno Menem legalizó a través de la autorización para el funcionamiento de redes de radio y televisión.
Estructuralmente la masificación de la televisión por cable de la década de 1990 cambió por completo el sector audiovisual (que en la actualidad incuba otra transformación de gran calado a partir de la digitalización de los contenidos y de sus redes de distribución), que es la principal forma de acceso a informaciones y entretenimientos. Señales de noticias, series y cine, deportes e infantiles se añadieron a la dieta comunicacional de los argentinos, en algunos casos a expensas de otros consumos. En lo económico, la tv por cable disputó a la tv abierta el cetro de la facturación, lo que atrajo la atención de grandes grupos.
La crisis de 2001 causó una importante retracción de los mercados pagos de industrias culturales (cayeron los abonos a la televisión por cable, la compra de diarios, revistas, libros y discos y las entradas de cine), redujo dramáticamente la inversión publicitaria y, en consecuencia, alteró todo el sistema. La televisión exhibió en sus pantallas envíos de bajo costo, talk-shows y programación de formato periodístico que a su vez comulgaba con la necesidad social de reflexionar acerca de las causas y las consecuencias del colapso socioeconómico. La institución mediática se interrogaba acerca de la crisis de legitimidad de las formas de institucionalidad política (partidos, Estado) y económicas (bancos), sin comprender todavía que la extensión de esa crisis alcanzaba, también, a los propios medios de comunicación.
Además de la ley de preservación de bienes culturales impulsada por Duhalde y promulgada por Kirchner en 2003, hay que destacar otras intervenciones estatales a favor de los operadores comerciales de medios. La renovación automática de las licencias televisivas más importantes delos dos principales grupos de medios, Clarín y Telefónica, en diciembre de 2004, y, sobre todo, la firma del decreto 527 en 2005 mediante el cual Kirchner suspendió el cómputo de diez años para las licencias audiovisuales, constituyen indicadores explícitos (hay otros) de un Estado que socorrió a los magullados capitales de la comunicación. Mientras tanto, las organizaciones sin fines de lucro continuaban proscriptas del acceso a licencias audiovisuales, lo que contravenía el derecho a la comunicación y la tradición que vincula la libertad de expresión con los derechos humanos contenida en la Declaración Universal de DDHH, en la Convención Americana de DDHH y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese mismo año 2005, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso sancionó la ley 26.053 que modificó el artículo 45 de la entonces vigente ley de radiodifusión 22.285 de 1980y se habilitó el acceso a licencias de radio y televisión para personas y entidades sin fines de lucro. No obstante, este avance legal no se tradujo en la apertura de concursos para materializarlo y, por lo tanto, no afectó la lógica concentrada del sector.
El oficialismo justifica su intervención a favor de los grandes grupos mediáticos en la débil legitimidad de origen del gobierno de Kirchner, que accedió a la presidencia con el 22% de los votos, habiendo sido superado en la contienda de marzo de 2003 por Carlos Menem (24,3%), quien desistió de presentarse al balotaje. Esa débil legitimidad fue conjurada por un programa de acción transgresor en varios aspectos. La recomposición de la autoridad estatal a través de la designación de una Corte Suprema de Justicia independiente del gobierno, el impulso a los juicios por violaciones a los derechos humanos, la reapertura de las negociaciones paritarias y la recuperación macroeconómica ampliaron el apoyo social y político del Presidente.
La justificación que ensaya el oficialismo sobre las medidas trascendentes que adoptó Kirchner potenciando la concentración del sistema de medios y su alianza con el Grupo Clarín y otros conglomerados mediáticos no basta, sin embargo, para explicar cómo fue que, tras las elecciones presidenciales de 2007, cuando Cristina Fernández fue electa con una diferencia de más de 20 puntos sobre sus adversarios, es decir, con enorme legitimidad electoral y capital político, Néstor Kirchner autorizó en su último día de mandato la fusión entre Cablevisión y Multicanal (Grupo Clarín). El cable representa más del 80% de los ingresos del conglomerado conducido por Héctor Magnetto.
La presidencia de Kirchner respaldó la estructura de medios heredada, estimulando su estructura, en especial la concentración. Evitó en los hechos habilitar el acceso a los medios por parte de sectores sociales no lucrativos, concibió un esquema de ayuda estatal a cambio de apoyo editorial, incentivó la mejora en la programación de Canal 7 y creó la señal Encuentro. El sector se recompuso económicamente y experimentó una primavera exportadora de contenidos y formatos facilitada por la competitividad del tipo de cambio. A muchos periodistas les fastidiaba la desintermediación que Kirchner ejercitaba prescindiendo de conferencias de prensa y entrevistas, pero al no promover grandes cambios en el sector, convivió amablemente con los accionistas de los grandes grupos.
El clásico descuido de las emisoras de gestión estatal comenzó a revertirse a partir del gobierno de Fernando de la Rúa, pero con las presidencias de Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se crearon nuevas señales (Encuentro, Paka-Paka, IncaaTV) y se potenció la función del Estado como emisor. La creación del programa Fútbol para Todos, desde 2009 (meses antes de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), reforzó la evolución de una pantalla que hasta entonces no disputaba el interés de las audiencias. El Estado incide en el rating produciendo contenidos de calidad, si bien en el segmento de la información política acentuó su sesgo gubernamental e intemperante con las opiniones que no reproducen la posición del gobierno.
Cuando el presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, afima que Canal 7 “es plural porque arrancamos la programación con el noticiero del tiempo en todo el país” (entrevista en Página 12, el28/4/2013), resume una noción de lo público que potencia el sesgo oficialista representado en la grilla de programación de la emisora. Para Bauer, “si por plural se entiende ser neutral, digo que no es neutral, como no lo es ningún medio […] Nadie puede discutir la pluralidad de contenido de Canal 7”. La política conducida por la presidenta Fernández de Kirchner es la fuerza gravitatoria de los contenidos periodísticos de Canal 7 y Radio Nacional, aunque en este caso el informativo incluye una participación de las emisoras del interior del país y su acento es, pues, más federal.
La grilla de Canal 7 incluye noticieros nacionales (Visión 7 en su versión matinal, de mediodía, matiné y nocturna), un programa semanal de noticias internacionales que introduce análisis e informes con tratamientos más complejos (Visión 7 Internacional, los sábados al mediodía) y un programa estelar, 6, 7, 8, que se emite desde marzo de 2009 producido por la productora PPT (Pensado para Televisión, de Diego Gvirtz). Con la excepción del fútbol, 6, 7, 8 tiende a devorar el resto de la programa, tanto por su contenido, por el horario central en que es emitido, por su frecuencia diaria (salvo los sábados), como por los invitados. El panel de 6, 7, 8 referencia su intervención en informes editados con lógica binaria y estilo paródico. El objetivo es desmontar el discurso de Clarín y otros medios críticos con el gobierno. La reproducción del discurso oficial en el programa genera una circularidad que evita matices e ignora la crítica, construyendo un diseño endogámico que, en este aspecto, resulta semejante a la caracterización del discurso de los grandes medios comerciales con los que 6, 7, 8 confronta.
Otro factor decisivo en la metamorfosis del sistema de medios desde la recuperación del régimen constitucional fue el surgimiento incesante de nuevas plataformas de emisión. Primero fueron las radios FM que desde 1980 modificaron el lenguaje radiofónico y segmentaron públicos y géneros. Además, en la salida de la dictadura el dial se nutrió con la movilización social a través de experiencias comunitarias y barriales que, si bien se hallaban proscriptas, lograron en 2009 su reconocimiento legal (excepción hecha de la ley 26.053/05 mencionada). La combinación de un proceso social de expansión de las libertades individuales y colectivas con la disponibilidad de tecnologías de la comunicación (FM) y un Estado que desde 1981 carece de un plan técnico que ofrezca información pública sobre la cantidad de frecuencias radiales y televisivas en cada localidad del país, arrojó un resultado que modificó el panorama de las radios desde comienzos de los 80 y hasta el presente (ver al respecto Vinelli, 2013).
La convergencia entre tecnología y sociedad es un eje medular para comprender cambios del pasado reciente, ya que el desempeño de los medios se realiza en una sociedad con necesidades y expectativas cambiantes. El control remoto y la migración de los receptores al color tonificaron las formas de ver televisión, pero a partir de 1990 la paulatina masificación de la televisión por cable y su menú multicanal introdujo una oferta de decenas de canales, muchos de ellos temáticos, en una pantalla que sólo en las grandes ciudades contaba con más de un canal de aire hasta entonces. La aludida concentración en su etapa expansiva complementó la masificación de la televisión por cable (y en medida más moderada, del satélite).
El paisaje mediático tendría luego un revulsivo extraordinario con Internet y, más adelante, con las conexiones ubicuas a través de dispositivos móviles, la diseminación de redes digitales y de espacios que “alternativizan” el flujo unidireccional con soportes analógicos propios de los medios tradicionales. El peso de los nuevos medios se siente en los balances de las empresas que acusan una merma de ingresos publicitarios, ya que las campañas se canalizan también a través de los medios digitales, y una disminución de sus audiencias seducidas por la multiplicación dela oferta. Genéricamente, estos procesos son aludidos con el término “desintermediación”.
A su vez, las nuevas plataformas de información y entretenimiento favorecen la extensión de la discusión social sobre la función que desempeñan los medios, cuestionando su inmaculada concepción y la ideología de la objetividad. La centralidad de las industrias culturales y de los medios en particular convoca el interés, la curiosidad y la reflexión de grupos sociales sobre cuáles son las reglas de juego de este sector estructurante del espacio público. En este marco de secularización de los medios, algunos actores de la sociedad civil promovieron una discusión sobre la regulación mediática que logró articular demandas ciudadanas y de grupos organizados (sindicatos de trabajadores de medios, el movimiento de radios comunitarias, organizaciones de derechos humanos y ONG, investigadores universitarios) con las de mayor inclusión para actores sociales postergados.
Con diferencias, otros países de la región también atravesaron procesos similares, donde un grupo activo en la producción de debates sobre el rol de los medios teje propuestas de reformas que son luego aprovechadas por el poder político cuando éste evalúa que esas propuestas resultan funcionales ante una coyuntura conflictiva con actores concentrados del sistema de medios.
Las nuevas regulaciones en América Latina (en países con gobiernos tan diferentes como el venezolano, uruguayo, argentino, boliviano, ecuatoriano o mexicano) difieren fundamentalmente a cambios en la estructura de propiedad y en contenidos. El respaldo de algunos presidentes a esta discusión es citado con frecuencia por quienes resisten la apertura del debate sobre la función de los medios, alegando que, puesto que la intención de los gobiernos suele distar de ser consistente con la pretendida ampliación del derecho a la comunicación, entonces la discusión misma carece de valor. Este argumento, que representa una variación dela lógica ad hominem, resulta una falacia dado que esconde la intención de colocar un dique a la consideración pública sobre el desempeño de un campo clave como el de los medios de comunicación.
La afirmación de que las intenciones de los gobiernos distan de ser prístinas al impulsar las inéditas discusión y regulación sobre medios en varios de los países de Sudamérica tiene asidero en el caso argentino si se analiza en detalle el comportamiento del Poder Ejecutivo en la aplicación selectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual26.522 tras su sanción parlamentaria en 2009 y hasta mediados de 2014,en que se escribió este capítulo.

Giros
A partir de la llamada “crisis del campo” de marzo de 2008 (ver Becerra y López, 2009) la entonces flamante presidenta Fernández de Kirchner se enfrentó con el grupo Clarín que sigue siendo, junto a Telefónica, el más poderoso conglomerado comunicacional en el país. El caso Papel Prensa, el cuestionamiento a la firma Fibertel, la gestación del Programa FPT, la adopción de la norma japonesa-brasileña de televisión digital terrestre en un plan que aspiraba inicialmente a restar abonados a la televisión por cable y luego la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, son manifestaciones de la nueva política de medios. Este listado sería incompleto si no mencionara el incremento de la financiación de medios afines al gobierno con recursos públicos a través de la publicidad oficial cuyo manejo discrecional fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, o si omitiera medidas que protegen el derecho a la libertad de expresión, como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en casos de interés público o la abolición del desacato (ver Bertoni y del Campo, 2012).
La contienda entre la gestión de Cristina Fernández y el grupo Clarín cuenta con antecedentes en relaciones tormentosas entre gobiernos y medios a lo largo del siglo XX, pero a la vez presenta rasgos novedosos. El historial de disputas entre gobiernos y medios no expresa, necesariamente, ausencia de vínculos estrechos entre ambos.
Desde 1989, la creciente concentración de la propiedad de los medios otorgó a los grupos una envergadura y una influencia superiores a las de las empresas periodísticas del pasado. Clarín, Telefónica, Cristóbal López o Vila-Manzano son conglomerados que abarcan diversas actividades económicas. La producción de contenidos en los medios es una parte de sus negocios y, en muchos casos, es el interés en otras áreas lo que tracciona la línea informativa, subordinándola. En los casos citados, es la conexión de redes de transporte de contenidos lo que genera la mayor cantidad de ingresos.
El enfrentamiento entre el gobierno y Clarín a partir de 2008 produjo una polarización que desborda al sistema de medios, pero que organiza a las empresas periodísticas en dos campos opuestos. Éstos potencian la selección intencional de hechos noticiables al previo cálculo acerca de si un acontecimiento (o una fuente) es o no conveniente para el sector en el que milita. La polarización erosiona la posibilidad de encontrar voces discordantes con la propia línea editorial y exacerba un ambiente endogámico en el que cunde la sospecha sobre la mala intención del otro (nunca la propia). El otro, el que piensa diferente, está comprado, sus motivos son espurios, forma parte de una conspiración. Este argumento resulta económico: sostiene la convicción de que lo distinto es corrupto o está corrompido y así se ahorra el laborioso proceso de construir una argumentación coherente. El resultado es que se empobrece la discusión pública porque cada polo se siente eximido de demostrar lo que vocifera.
A su vez, la polarización intensificó la discusión sobre los medios y fue irreverente con la ideología de la objetividad que cultivaron durante un siglo las empresas periodísticas. Desde 2008 muchos de los credos funcionales al interés de estas empresas fueron profanados, lo cual habilita a refutar nociones como la de “medios hegemónicos”. Ni el contexto político, ni la correlación de fuerzas empresariales en el sistema de medios, ni el asedio de plataformas convergentes soportan para los medios tradicionales una concepción como la de hegemonía.
Así, aunque en Buenos Aires se editan más de trece diarios y funcionan seis señales televisivas de noticias, su estructura de propiedad y sus fuentes de financiamiento condicionan el encuadramiento en torno deleje oficialismo-oposición, resignando matices y subordinando la difusión informativa al previo propósito de adular o atacar al gobierno.
Este panorama se fue componiendo mientras el Congreso aprobaba, por segunda vez en la historia argentina, una ley sobre radio y televisión (la primera había sido en 1953; el resto de leyes y decretos integrales sobre el sector fueron dispuestas por gobiernos militares). La ley audiovisual argentina se distingue de las adoptadas por Venezuela en2004 y por Ecuador en 2013 ya que es respetuosa, en su letra, de los contenidos y de la libertad de expresión. La derrota del oficialismo por estrecho margen en las elecciones de medio término de 2009 precipitó, en éste y en otros ámbitos, nuevos modos de intervención estatal. Desde entonces no sólo se aprobó la ley audiovisual sino que se incrementó la publicidad oficial con la que se premia a empresarios de medios afines y castiga a díscolos. Es una lógica inherente a casi todo el arco político: gestiones disímiles como las de Mauricio Macri, José Manuel de la Sota o Daniel Scioli replican el uso discrecional de recursos públicos con fines propagandísticos y se resisten a regularlo.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522/09 tiene carácter inclusivo al comprender a sectores no lucrativos (cooperativas, medios comunitarios) en la gestión de licencias, establecer límites a la concentración de la propiedad, exigir a las emisoras estatales pluralismo y diversidad, habilitar la participación de minorías políticas y sociales en los flamantes organismos de aplicación y control y disponer cuotas de contenidos locales e independientes.
Sin embargo, pocos resultados puede exhibir la aplicación de la ley al cumplirse casi cinco años de su sanción. Es más, la ausencia de concursos, la falta de información fiable sobre quiénes son los licenciatarios, el guiño del gobierno para que la desconcentración se realice entre accionistas y allegados de todos los grupos, el trato desparejo del gobierno a los grupos concentrados, tolerando en algunos casos (Telefónica, DirecTV) lo que se objeta en otros (Clarín), el sobreactuado oficialismo de los medios estatales, la inyección de recursos para promover políticas carentes de controles sociales y políticos, se combinan para desatender la democratización prometida.
Además, lejos de concretar la paulatina entrega del 33% de frecuencias del espectro radioeléctrico para su gestión por parte de actores sociales sin fines de lucro (una de las mayores innovaciones de la ley audiovisual), la mayoría de los medios autorizados a funcionar tras la sanción de la ley son emisoras estatales (ver Chequeado, 2013). La ley exige que la política audiovisual se organice tomando como referencia la elaboración de un plan técnico de frecuencias. Esta información, esencial para conocer cuántas frecuencias hay en cada localidad y cuántas están ocupadas y disponibles, no ha sido aún construida por el gobierno. La ausencia de este indicador elemental entorpece la concreción de avances para actores no lucrativos.
Después de una controversia judicial cuya resolución se extendió por cuatro años, la Corte Suprema de Justicia validó en octubre de 2013cuatro artículos de la ley audiovisual cuestionada y desmontó así la estrategia argumental de Clarín que presentaba su tamaño y rentabilidad como condiciones imprescindibles para el ejercicio de la libre expresión.
La Corte no asoció desconcentración con derechos constitucionales y diferenció entre renta y sustentabilidad. Enfatizó, en tributo a Owen Fiss (1986), que la libertad de expresión requiere un debate público robusto y regulación activa para promover el acceso a los medios. El fallo de la Corte excede el caso Clarín y su contienda con el gobierno. En efecto, si la premisa del grupo Clarín fue correcta, habría que asegurar un alto nivel de concentración para que otros actores alcancen la sostenibilidad inherente a la libertad de expresión. Puesto que la concentración significa que muchos recursos son capturados por pocos actores, la premisa resulta irrealizable. A la inversa: en el caso de los medios de comunicación, la doctrina interamericana de Derechos Humanos plantea que disminuir la concentración es un estímulo para que otros actores ejerzan su derecho a la comunicación. Éste fue el principal eje de la Corte Suprema.
El fallo de la Corte Suprema sostiene que las pautas dispuestas por el Congreso en 2009 se ajustan a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y idoneidad. Y que no corresponde a la Corte juzgar si los límites a la concentración son adecuados o eŒ caces o si debió regulársela convergencia tecnológica. El Grupo Clarín tiene derecho a reclamaren la medida en que no reciba un trato justo en el proceso de adecuación. Asimismo, la Corte Suprema cuestionó al gobierno nacional en varios párrafos de la sentencia. Apuntó que el Estado puede afectar la libertad de expresión cuando actúa discrecionalmente, por ejemplo en la distribución de publicidad oficial.
La Corte Suprema laudó un conflicto en el que confluyen doctrinas de libertad de expresión, de economía de mercado y defensa de la competencia, de preservación del interés público y de la potestad estatal para regular un sector cardinal en la etapa de convergencia de medios y telecomunicaciones como es el cable.
Se puede argumentar que en un país como la Argentina, donde más del 80% de los hogares accede a la televisión a través del cable, este servicio no puede estar tan concentrado pues los operadores se convierten en verdaderos cuellos de botella que ejercen con el abuso de los precios de abono, con políticas predatorias de la competencia, con la discriminación de contenidos y con la absorción en condiciones privilegiadas de la programación más codiciada (como los derechos de televisación del fútbol durante casi dos décadas). En definitiva, también las Fin Syn rules (Financial Interest and Syndication) establecían límites en los Estados Unidos para las señales de cable y la programación propia que un operador podía incorporar a su grilla, para impedir posiciones anticompetitivas. Las reglas contra la propiedad cruzada de medios en los Estados Unidos fueron altamente restrictivas hasta 1996 (Ley de Telecomunicaciones), cuando estaba prohibido que las cadenas nacionales de TV (CBS, ABC, NBC) fuesen prestadoras de cable. La Ley de Telecomunicaciones también permitió que las empresas de telecomunicaciones sean operadoras de cable.
El Grupo Clarín presentó su adecuación a fines de 2013, inmediatamente después de que la Corte Suprema de Justicia validara la constitucionalidad de la ley. El plan de Clarín busca sacar provecho del principio de que los multimedios pueden desafectar unidades de negocios siempre que éstas no crucen accionistas y operen de modo separado. Este aprovechamiento está presente en las propuestas de otros grupos de medios, algunas ya aprobadas y en curso de adecuación. Pero, y después de declarar admisible el plan de Clarín, tras diez meses, el gobierno acusó al multimedios de burlar la normativa y decidió iniciar un proceso de “transferencia de oficio” que supone que será el propio gobierno el que decida qué activos debe vender, cuándo, a quién y a qué precio.
La declaración de “transferencia de oficio” fue, como era previsible, rápidamente judicializada y, al cierre de la edición de este libro, pesaba sobre este trámite una medida cautelar que protegía al Grupo de la adecuación forzosa decidida por la mayoría oficialista en el órgano de aplicación de la ley (AFSCA).
Por otra parte, el trato del gobierno al Grupo Clarín contrasta con el que concede a otros conglomerados como Telefónica (Telefe), Vila-Manzano (y De Narváez), DirecTV, Pierri, González (Canal 9), Ick (Santiago del Estero), Cadena 3 y Aldrey (Mar del Plata), entre otros. Este contraste también será objeto de dictamen por un Poder Judicial que, lejos de ser prístino, está permeado por intereses cruzados y actúa con tiempos vaticanos, lo que añade picante a esta controversia.
Los efectos de la decisión del gobierno son múltiples. Reactiva una escalada del conflicto que mutará en litigio judicial. Por lo tanto, no habrá adecuación antes del cambio de gobierno de fines de 2015. El gobierno no podrá exhibir el inicio de la adecuación de Clarín como logro. ¿Por qué sirve en bandeja al futuro presidente la resolución de un entuerto que protagoniza su narrativa? Quizá porque elige capitalizar en lo inmediato la más redituable resistencia del holding.
Así como el gobierno funciona como coartada para el Grupo Clarín, éste lo es para el gobierno. Ambos se ven excusados de cumplir obligaciones, institucionales en un caso y periodísticas en el otro. Para los contendientes, el clima bélico blinda la adhesión de sectores afines. El olvido de las “nuevas voces”, así como el socorro económico estatal a grupos privados comerciales y concentrados ligados al oficialismo (aunque tendiendo oportunos puentes hacia otros sectores políticos) son subordinados a la guerra contra Clarín.

Conclusiones
El sector de la comunicación asiste a una radical transformación de carácter político, regulatorio y tecnológico en la Argentina. La sanción de una ley validada por los tres poderes del Estado y que presenta una perspectiva opuesta a las normas que históricamente tuvo el sector representa una bisagra, pero los cambios presentes en el sistema de medios no tienen, necesariamente, a la ley audiovisual como guía aunque tanto el gobierno como la oposición la invocan como justificación. En los últimos años en la Argentina hay cambios significativos en el mapa de medios, con grupos en ascenso (Cristóbal López, Vila-Manzano, Szpolski) y un gobierno que actúa a la vez como operador audiovisual con una destreza infrecuente en el país y como financiador de empresas y productoras.
Los mencionados grupos privados en ascenso han tenido, junto con Telefónica, Telecentro (grupo Pierri) y Ángel González (Canal 9de Buenos Aires) posiciones editoriales que oscilan entre el oficialismo militante y cierta displicencia para abordar temas de la agenda pública conflictivos para el gobierno. Esta lógica editorial no es novedosa en la historia del sector y responde a la centralidad que el Estado tiene en el esquema de negocios del sistema de medios. En la medida en que la regulación y las políticas de comunicación no establezcan reglas de juego con criterios de universalidad y paridad en el trato, este rasgo seguirá repitiéndose.
Clarín, por su parte, ve acechado el dominio que ejerció durante décadas con recientes intervenciones del gobierno en sus mercados de actividad. Telefónica mantiene una política de buena vecindad con el oficialismo y capitaliza su posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones, cuya regulación sostiene inalterables varios principios de la Reforma del Estado de 1989. No obstante, el cumplimiento dela ley exige que Telefónica venda las licencias que opera como Telefé, algo que al cierre de este trabajo estaba pendiente de resolución por parte de la Afsca. Otras empresas, como las editoriales La Nación, PerŒ ly Popular lograron niveles de ventas en sus respectivos segmentos que les permitieron sostener líneas editoriales relativamente coherentes en el período analizado.
Se asiste, pues, a una reconfiguración de los nexos entre medios, negocios y política a través de una pugna por llegar a 2015 con una relación de fuerzas empresariales diferente de la que expresó el campo mediático desde fines de la década de 1980. La administración del Estado protagoniza esa puja, por lo que la competencia electoral será definitoria para proceder al análisis de los tiempos que vienen.
En este marco, hay síntomas nuevos de problemas viejos, como es el caso del uso de recursos públicos en provecho del sector que gobierna y su consecuente tendencia al patrimonialismo. Hoy el pluralismo es un emblema disputado a partir de la descalificación de la disidencia. La aparente incompatibilidad entre quienes piden regular la publicidad (acusados de oŒ ciar de voceros de los grandes grupos) y quienes cuestionan la concentración mediática (sindicados como inescrupulosos defensores del atropello gubernamental), sustrae del debate el hecho de que en ambos casos aluden a recursos, como las licencias audiovisuales o el presupuesto, que son públicos pero se gestionan como si no lo fueran. En definitiva, la política de medios tiene como referencia la regulación del espacio público.
La política de medios, que se ocupó de la regulación de un sector cardinal en la configuración de las sociedades en el siglo XX, y en particular de la industrialización, masificación y mercantilización delos medios de comunicación y de las industrias culturales, está siendo desacelerada por la crisis del objeto mismo al que está consagrada. Hoy el sector de los medios protagoniza un proceso inédito de convergencia y ello marca algunos de los principales desafíos en la progresión de una agenda de libertad de expresión y derecho a la comunicación y la cultura.

¿Década ganada? Evaluando el legado del kirchnerismo
Durante los últimos años se han publicado diversos ensayos sobre el kirchnerismo, generalmente enfocados en la personalidad de sus principales líderes o en acontecimientos específicos de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Esos trabajos a menudo han privilegiado la opinión crítica o laudatoria por sobre el análisis riguroso de las políticas implementadas y de sus resultados.
¿Década ganada? se presenta como el primer libro que ofrece una evaluación temáticamente amplia, académicamente rigurosa e ideológicamente pluralista de los gobiernos kirchneristas.
Los capítulos de este volumen presentan la investigación de académicos de reconocida trayectoria, provenientes de muy variadas tradiciones teóricas y normativas, que analizan el legado de las políticas públicas implementadas en diversas e importantes áreas de gobierno. Y en todos los casos, con un tono equilibrado que se aleja de las apologías incondicionales y de las reprobaciones absolutas que han caracterizado buena parte del debate público en la última década.
Editores: Carlos Gervasoni y Enrique Peruzzotti, editores
Publicada por: Debate

El club vende sus derechos televisivos por 140 millones a Telefónica, que se convierte en nuevo socio en Latinoamérica
Por: Carles Ruipérez
La junta directiva del Barcelona deshojó una de las margaritas que le quedaban esta temporada, antes de las elecciones anticipadas.
El Barça decidió cambiar de operador televisivo y vender las retransmisiones a Telefónica para la temporada que viene a razón de 140 millones, la misma cantidad que ha cobrado las dos últimas campañas de su anterior proveedor, Mediapro. La decisión no es baladí pues el contrato por los derechos televisivos del Barcelona supone la mayor fuente de ingresos del club por parte de un único socio, muy por encima de lo que el Barcelona obtiene de Nike por ser el patrocinador deportivo y de Qatar Airways por la publicidad en la camiseta, cuyas aportaciones rondan ambas los 30 millones por año. Para la temporada 2015-16 ese socio ya no será Mediapro, compañero de viaje en los últimos siete años, sino Telefónica, que desde la obertura de Movistar TV ha desembarcado ya en los Mundiales de motociclismo y de la fórmula 1.
El contrato es sólo por un año ya que en 2016 debería entrar en vigor un decreto que está preparando el Gobierno. La nueva ley acabará con los pactos individuales y obligará a la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP) a una negociación centralizada de los derechos de explotación con un reparto más equitativo, como ocurre en la Premier. Sin ir más lejos, la liga inglesa cerró la semana pasada un paquete por 6.900 millones por tres temporadas, por repartir entre todos.
Por el curso que viene, el Barcelona cobrará 140 millones, que es el máximo permitido por la LFP. Ya que todo lo que supere ese montante debe ir a parar a un fondo común y repartirse entre el resto de los equipos de Primera.
Por eso, las ofertas de los dos operadores en liza eran similares económicamente en el ámbito televisivo, según fuentes que han intervenido directamente en la negociación.
Llegados a ese punto, la motivación del Barça para decantarse por Telefónica ha sido estratégica pues al club le ha interesado asociarse con la tercera empresa de telecomunicación del mundo.
“Es una cuestión de marketing y de mercado”, explicaron a este diario desde la entidad blaugrana. En ese sentido, en la reunión de la junta también se acordó otro contrato para que Telefónica sea patrocinador oficial en toda América Latina, desde México hasta Argentina. La alianza tiene una duración de tres años, en los que el Barça cobrará 13,3 millones cada ejercicio. Además, el acuerdo podría ampliarse a dos temporadas más.
La introducción en Latinoamérica completa la expansión del Barcelona en un continente en el que el club, que sí ha entrado en Europa, Asia y África, apenas ha trabajado hasta la fecha, más allá de tener dos socios puntuales en México y Brasil. Gracias al pacto, Telefónica, y sus filiales Movistar y Vivo, podrá rodar anuncios en los que participen los jugadores sudamericanos del primer equipo, como los tres delanteros Leo Messi, Neymar y Luis Suárez, o el portero Claudio Bravo.
“El presidente me ha llamado para anunciarme su decisión y se ha escudado en que no nos perjudica mucho porque sólo es por un año”, explicó en 8 al día Jaume Roures, presidente de Mediapro, que no perdió la esperanza de seguir siendo el operador hasta el final. Incluso el pasado domingo 8 de febrero viajó a Bilbao con el avión de la expedición del equipo blaugrana para departir con el presidente, Josep Maria Bartomeu, y el vicepresidente económico, Javier Faus. “Nuestra oferta era económicamente superior y también desde el punto de vista de la expansión internacional”, aseguró el propio Roures.
De hecho, los contratos se apalabraron con Rosell y el pasado septiembre incluso estaban redactados. Sólo hacía falta fijar una fecha para la firma. Pero entonces Bartomeu recibió una llamada de Telefónica y decidió que quería escuchar a todas las partes. Han sido Fausyel antiguo director general, Antoni Rossich –que con esta misión termina su vínculo con el club–, los que han pilotado la negociación de los derechos televisivos.
Por el contrato, el vicepresidente Manel Arroyo no intervino en la toma de decisión final al tener negocios personales con Telefónica.
Después de retocar el organigrama de ejecutivos del club y de intervenir en el área deportiva, donde rescindió el contrato del director deportivo (Zubizarreta), creó una comisión técnica (Rexach, Braida, Mestre y Bordas) y destituyó al entrenador del filial (Eusebio), el presidente agita el apartado económico con la búsqueda de un nuevo gran socio como Telefónica. Con esta decisión, Bartomeu también rompe con el pasado, pues fue Laporta en 2006 quien firmó el primer gran contrato con la compañía de Roures, por 1.000 millones en siete años. Ese acuerdo se mejoró en 2010, antes de las elecciones, y se renovó en 2011 con Rosell ya en la presidencia. Entonces, una de las contrapartidas fue la externalización de Barça TV.
Con el nuevo acuerdo, la gestión técnica y la producción de contenidos del canal oficial del Barcelona también cambia de manos y pasa de Mediapro a Telefónica, que ha aceptado hacerse cargo de los gastos de la televisión.
El club blaugrana era el único equipo que faltaba por posicionarse en la nueva pugna por los derechos del fútbol. Con su elección, Movistar TV, además del Barça, tendrá los partidos del Espanyol, el Celta y la Real Sociedad, mientras que Mediapro controla 16 equipos de Primera, entre ellos el Madrid y el Atlético. No deja de sorprender que los dos clubs barceloneses hayan firmado con la empresa no catalana.

Las presiones de Qatar
El acuerdo para la venta de los derechos televisivos del Barça abarca formalmente una sola temporada pero su trascendencia va más allá, tiene un carácter estratégico, como han puesto de manifiesto las intensas negociaciones mantenidas con los dos operadores interesados.
El que ha quedado descartado, Mediapro, ha contado con el apoyo incondicional de la empresa qatarí especializada en inversiones en el ámbito deportivo internacional, Qatar Sports Investments (QSI).
Los más altos responsables de la firma, presidida por Nasser Ghanim Al-Khelaifi, han expresado a lo largo de las conversaciones en numerosas ocasiones a los directivos del Barça su preferencia por Mediapro. A través de QSI el Barça alcanzó el acuerdo de esponsorización de la camiseta por la Qatar Foundation.
Esto se ha producido mientras los responsables del área económica de la junta comenzaban las negociaciones previas para la renovación del patrocinio de la camiseta y, también, la posible financiación de la remodelación del Camp Nou, con la incorporación del nombre.
Y en la recta final, estos dos últimos días, los directivos qataríes han reforzado su presencia.
Ayer mismo, durante la celebración de la junta directiva en la que se formalizó la elección de la oferta de Telefónica, el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, recibió nuevas llamadas de los responsables de QSI, que posee también el 100% del París Saint-Germain, club que preside Nasser Ghanim Al-Khelaifi.
Fuentes: La Vanguardia, Sport

El periodista Jorge Coté de Semana.com dialogó con Sebastían Lacunza, director del 'Buenos Aires Herald', entre otros temas explicó el papel que han jugado los medios de comunicación en el Caso Nisman
El Buenos Aires Herald fue el primero en difundir la noticia de la muerte de Nisman. Damián Pachter, periodista que escribió la noticia abandonó la Argentina aduciendo que su vida estaba en peligro. ¿Qué tan reales son estas amenazas?
El periodista trabajaba en en el sitio web, mientras yo dirijo la edición impresa, por lo que mi relación hasta entonces había sido limitada. Él tuiteó la noticia desde su cuenta personal el domingo por la noche, en un día en el que no estaba trabajando. Respeto y le creo cuando afirma que sintió miedo porque alguien le dijo que corría peligro su vida. Si alguien se aprovechó de él para crear zozobra, no lo sabemos. Es probable. A su vez, Pachter no informó a ningún compañero de trabajo ni a nadie dentro del diario o la web que se sentía perseguido o amenazado. Al parecer, le llegó la versión de la amenaza el jueves por la noche, cuatro días después de su tuit, y en el acto dejó la redacción. Hasta ahora, no dio más detalles que los que escribió en el diario Haaretz, que básicamente son los que te comento.

¿Usted o el equipo de El Buenos Aires Herald, han sido víctimas de algún tipo de persecución o de amenaza por informar sobre este affaire?
No. Hubo, sí, un robo sospechoso en el domicilio de un periodista que escribió una nota exhaustiva en la revista digital Anfibia.

¿Cómo ha sido tratado el caso de la imputación y de la muerte de Nisman por la prensa argentina? ¿Ha habido sesgos ideológicos? ¿El gobierno ha intervenido o manipulado algunos medios?
La prensa argentina se halla muy polarizada desde hace al menos siete años. Ha habido excepciones, pero en líneas generales, los medios opositores abonaron la idea de que se trató de un magnicidio y dieron aire a toda versión que dijera que la autoría fue del Gobierno, mientras los oficialistas apuntaron para el lado de una trama destituyente. En Argentina hay un actor de los medios que en ciertos segmentos lidera y en otros domina, que es Clarín y es opositor. A su vez, el Gobierno subvenciona a medios que le son afines y da aire a empresarios aliados. Hay otros actores relevantes en posición intermedia, pero lo más estridente es el eje que ubica a Clarín de un lado y al Gobierno del otro. El primero tiene un parlante más poderoso; al segundo le caben más responsabilidades porque representa al Estado.

¿Cómo considera el estado de la libertad de prensa en Argentina?
Luego de tres décadas de democracia, hay un grado alto de libertad de expresión. Quizás, el más alto de su historia, lo que es un logro colectivo, no es bendición de nadie. El intercambio cotidiano al menos en Buenos Aires va de la diversidad a lo insultante, por este eje tóxico de la polarización. Es cierto que la libertad de expresión se ve condicionada por la concentración mediática incluso superior a los estándares latinoamericanos, y por un uso abusivo de la publicidad oficial de todos los gobiernos, nacional y locales. A su vez, los medios estatales son casi todos concebidos como gubernamentales, lo cual contradice la ley de medios que el kirchnerismo logró sancionar en 2009 y aplica poco. En las provincias más pobres o periféricas, la libertad de prensa está ciertamente más condicionada.
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El periódico El Colombiano publicó una columna de opinión en la cual el periodista Yohir Akerman utiliza partes de la biblia para argumentar por qué opina que la Universidad de la Sabana se equivocó con el concepto que arrojó respecto a la adopción por parte de parejas homosexuales. Junto a la columna el diario publicó una nota aclarando que la no publicación de ésta implicaba la renuncia del columnista, por lo cual decidió publicarla aceptando la renuncia, además aclara también que la columna se aleja de los principios de respeto y argumentación promovidos por el diario
Irrespetuosa y sin argumentos, así entendió el periódico antioqueño El Colombiano la opinión de uno de sus columnistas, Yohir Akerman, respecto al concepto de homosexualidad emitido en días anteriores por la Universidad de La Sabana, que calificó este hecho como una “enfermedad”, idea que Akerman califica como errada, dado que “todos esos conceptos están en la Biblia y, como la historia ha demostrado, en esos temas, dios estaba equivocado”.
El diario aclara, con una nota al pie en relación al título de la columna “Enfermos”, que desvincula a Akerman de su equipo de trabajo porque: “Este diario promueve el debate desde el respeto y la argumentación. Consideramos que esta columna se aleja de estos principios. Para el autor, no publicarla implicaría su renuncia. La publicamos y aceptamos su renuncia”.
El autor argumenta en su texto que “La Universidad de La Sabana y la Corte Constitucional deberían tener claro que seguir definiendo la homosexualidad como una enfermedad, o tratando a la comunidad LGBTI como anormales, basándose en la palabra de dios, es tan aberrado como defender la esclavitud, promover el castigo a muerte para los hijos, o pedir pedradas para las mujeres que pierdan su virginidad antes del matrimonio”.

Su columna completa:
Enfermos*
La Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana emitió un preocupante concepto enviado a la Corte Constitucional para que sea tenido en cuenta en el debate sobre la posibilidad de que las parejas homosexuales adopten.
Preocupante, entre muchas otras cosas retrógradas, porque establece: “las personas homosexuales y lesbianas merecen nuestro respeto como personas, pero hay que señalar que su comportamiento se aparta del común, lo que constituye de alguna manera una enfermedad”.
El concepto es obsoleto, retrógrado y viene de lo establecido por la Biblia sobre la homosexualidad. Lo alarmante es que en la Facultad de Medicina, donde debería primar únicamente el criterio científico y médico, todavía tengan relevancia conceptos religiosos, que la misma ciencia ha demostrado equivocados y se pensaban superados.
Tratar de mantener vigentes esos conceptos dogmáticos, para una universidad o incluso la Corte Constitucional, en los debates que tienen que ver con los derechos de la comunidad LGBTI, es tan equivocado como mantener los principios que contiene la Biblia sobre la virginidad, la desobediencia de los hijos, o la esclavitud. A continuación, algunos ejemplos textuales de conceptos que se han demostrado aberrados, que nos trae el libro que transmite la palabra de dios.
“Ningún varón que tenga un defecto presentará las ofrendas, ya sea ciego o bizco, desfigurado o desproporcionado, enano o cojo, sarnoso o tiñoso, o jorobado, o con un pie o una mano quebrados o con los testículos aplastados” (Levítico 21:18). “Si alguien tiene un hijo rebelde que no obedece ni escucha cuando lo corrigen, lo sacarán de la ciudad y todo el pueblo lo apedreará hasta que muera” (Deuteronomio 21:18-21). “El que le pegue a su padre o a su madre morirá” (Éxodo 21:15). “El que maldiga a su padre o a su madre morirá” (Éxodo 21:17 y Levítico 20, 9). “El que no obedezca al sacerdote ni al juez morirá” (Deuteronomio 17:12). “Si una joven se casa sin ser virgen, morirá apedreada”(Deuteronomio 22: 20-21). “Si un hombre yace con una mujer durante su menstruación y descubre su desnudez, ambos serán borrados de su pueblo” (Levítico 20:18). “Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, ambos morirán” (Deuteronomio 22:22). “Al que ofrezca sacrificios a otros dioses que no sea el Señor, lo mataréis” (Éxodo 22:19-20). “Si un hombre vende a su hija como esclava, la hija no recuperará su libertad como cualquier otro esclavo” (Éxodo 21:7). “Si compras un esclavo hebreo, te servirá seis años” (Éxodo 21:2). “Si un hombre hiere a su esclavo o a su esclava y los mata, será reo de crimen. Pero si sobreviven uno o dos días no se le culpará porque le pertenecían” (Éxodo 21: 20). “Si un hombre hiere a su esclavo en un ojo dejándolo tuerto, le dará la libertad a cambio del ojo que le sacó” (Éxodo 21:26).
La Universidad de La Sabana y la Corte Constitucional deberían tener claro que seguir definiendo la homosexualidad como una enfermedad, o tratando a la comunidad LGBTI como anormales, basándose en la palabra de dios, es tan aberrado como defender la esclavitud, promover el castigo a muerte para los hijos, o pedir pedradas para las mujeres que pierdan su virginidad antes del matrimonio.
Todos esos conceptos están en la Biblia y, como la historia ha demostrado, en esos temas, dios estaba equivocado.
*Nota de la Dirección: Este diario promueve el debate desde el respeto y la argumentación. Consideramos que esta columna se aleja de estos principios. Para el autor, no publicarla implicaría su renuncia. La publicamos y aceptamos su renuncia.

En plena clase, profesor de La Sabana dice que ser homosexual es una enfermedadBLU Radio conoció tres audios en los que se escucha al profesor Gabriel Mora-Restrepo, docente de Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, afirmar que la homosexualidad es una enfermedad.
En la primera grabación, el docente asegura, incluso, que ya hay psiquiatras que ayudan a tratar a los homosexuales.
“Cuentan esto y muchas más cosas de lo que pasó en la APA (American Psychiatric Association) para sacar al homosexualismo de las enfermedades, del diccionario de las enfermedades. ….Les toca fundar una nueva organización aparte de la APA, que se llama NARTH (National Association for Research & Therapy of Homosexuality), que es la parte de los psiquiatras norteamericanos dedicados a la terapia homosexual, terapia psiquiátrica psicológica para sanar una cantidad de heridas que tienen por dentro”, dice.
Durante su cátedra, Derecho Constitucional, el profesor manifiesta que los homosexuales guardan profundo silencio sobre sus prácticas sexuales.
En el tercer audio, el profesor asegura en forma irónica que hay que tratarlos con amor y respeto porque si bien es una enfermedad, les duele que les digan enfermos.
“Busquen la organización NARTH esa fue la que se desvió, esa fue la que se separó de la APA. Cuentan la historia, cuentan la otra vía. Esto no se lo van a contar a ustedes El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía, Semana, El colombiano porque no les interesa. Esto no se puede saber ….Ha sido siempre con mucha tranquilidad, con mucho respeto y sobre todo con mucho amor hacía la gente homosexual,porque si es verdad que es una enfermedad, como lo es, por lo menos en la mayoría de casos, muchos no son reconocidos, ni ellos mismo los reconocen, les duele que uno les diga que están enfermos”, dice la grabación.
Los estudiantes, en diálogo con BLU Radio, aseguraron que no es el único profesor a tratar como enfermos a los homosexuales, sino por lo menos tres que lo hacen en cátedras, clases y seminarios.
Aunque se desconoce cuál es la fecha de la grabación, los estudiantes afirman que esta fue grabada recientemente.
Fuentes: El Colombiano, bluradio.com

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Inter-American Dialogue organizaron un foro para discutir el estado de la libertad expresión en Latinoamérica, la pluralidad de los medios en la región, el impacto de las nuevas tecnologías y para analizar las recién aprobadas leyes que regulan a los medios de comunicación en Uruguay, Argentina y Ecuador
En el debate sobre cómo hacer leyes que no limiten la libertad de expresión participaron expertos tales como la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, la colombiana Catalina Botero, o el ex Relator Especial de la ONU, el guatemalteco Frank William La Rue. También participaron delegaciones internacionales y organizaciones que protegen la libertad de expresión tales como Human Rights Watch (la cual dijo que la ley podría ser una referencia en la región) o Reporteros Sin Fronteras.
El caso de las leyes de comunicación es especialmente relevante en la región porque países como Brasil, Colombia, El Salvador y Costa Rica están cerca de empezar a debatir leyes de comunicación, ya que en estos países las normativas vigentes fueron aprobadas hace décadas. Para esto, es útil analizar las leyes de comunicación de dos países consideradas por muchos como opuestas: Uruguay y Ecuador.

El caso uruguayo
El uruguayo Gustavo Gómez, director de Oservacom (Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia), relata que el 29 de diciembre de 2014 se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en Uruguay luego de 4 años y medio de debate. Las discusiones comenzaron el 22 de julio de 2010 y fueron muy complejas, ya que el tema de la libertad de expresión es muy sensible.
En 2010 simplemente se presentaron de forma transparente y pública las bases de lo que el Gobierno de Uruguay entendía que debía regularse en materia de medios de comunicación, aún no había un proyecto de ley como tal. Al debate se invitó a la academia, a la sociedad civil y a los principales representantes de los medios de comunicación.
La ley uruguaya fue fruto de un debate constructivo que se prolongó por años. De sus más de 200 leyes solo cinco podrían afectar el libre flujo de información, y estas protegen a los más vulnerables y el presidente Mujica pidió que aunque fueran pocas debían ser lo más claras y precisas posibles. Además, la justicia es la que sanciona a posibles infractores, no un tribunal especial.

¿Por qué se decidió hacer una nueva ley?
Gómez explica que había una legislación que venía desde 1977, época de la dictadura en Uruguay, y había un interés general de modernizarla. Además, el país deseaba democratizar el acceso a frecuencias para poder garantizar mayor diversidad y pluralismo, pero sin coaccionar la libertad de expresión. El presidente José Mujica lo expresó de forma muy clara: "Esta ley de servicios de comunicación audiovisual no es un proyecto de ley para amordazar a los medios y a los periodistas; es más, va a tratar de dar certeza jurídica a los operadores en algunos terrenos movedizos desde el punto de vista jurídico y también intentará garantizar más libertad de expresión, pero no solo para los medios, sino que también para todas las personas".

Aspectos principales de la ley
Según la ley, se pretende garantizar diversidad y pluralismo en el sistema de medios (igualdad en el acceso), limitar la concentración e impulsar los medios comunitarios, para lo cual define 3 sectores en la comunicación (comunitario, público y comercial) y reserva espectros para cada uno de los sectores. Además, la ley incluye gran cantidad de artículos garantistas, los cuales pretenden resguardar la libertad de expresión y prohíben a cualquier autoridad revocar frecuencias por desacuerdos editoriales y prohíben expresamente cualquier tipo de censura indirecta.
La nueva legislación también reconoce los derechos de las personas frente a los medios. Por ejemplo, garantiza los derechos de los discapacitados a accesibilidad a ciertos contenidos importantes para ellos, regula la publicidad y asegura que ciertos contenidos de interés general (por ejemplo, partidos de la selección uruguaya) estén abiertos al público. Gustavo Gómez aclara que en todos los países se regula contenido, incluso en Estados Unidos, pero en Uruguay se ha definido exactamente hasta dónde se llegará. El objetivo no es censurar, sino respetar el derecho de las personas.
La ley es de 202 artículos, pero en materia de regulación, lo cual podría afectar el libre flujo de contenidos, solo hay 5 artículos: uno de los artículos tiene que ver con el derecho a la no discriminación y cuatro con el derecho de los niños. También se incluye un mínimo de producción nacional en los medios, pero esto no tiene que ver con análisis de contenido sino con origen de producción. Además, se establece un Consejo de Comunicación Audiovisual formado por 5 miembros, uno es nombrado por el gobierno y los otros cuatro deben ser aprobados por el Parlamento con 2/3 de los votos. El mandato de los miembros del consejo es más largo que el del gobierno para garantizar que no sufran presiones políticas y hay cláusulas muy claras de destitución para protegerlos. Este consejo opina sobre una posible infracción, pero quien sanciona es la justicia, la cual Gómez admite que por suerte en Uruguay es independiente.
El presidente Mujica fue muy claro al exigir que se trabajara arduamente para evitar que los 5 artículos regulatorios 5 limitaran la libertad de expresión, los cuales aunque son pocos deben estar muy claramente definidos y consensuados por todas las partes. La clave es que estos artículos deben ser muy precisos y no incluir vaguedades en el lenguaje que pueda causar una interpretación sesgada.

El caso ecuatoriano
El ecuatoriano César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, explica que la ley ecuatoriana, la cual lleva 20 meses de aplicación, es lo contrario a la uruguaya. Es un texto precioso pero vago, el cual ha dado lugar a cientos de sanciones a periodistas en tribunales especiales y ha convertido al gobierno y a sus amigos en los mayores dueños de medios del país.
En primer lugar, el proceso de debate fue largo pero conflictivo y polarizado, en medio de una guerra declarada del presidente Correa a los medios. La ley estaba bloqueada por la oposición hasta 2013, año en el que Rafael Correa es reelegido y obtiene una mayoría casi absoluta en el Congreso, uno de sus primeros actos fue aprobar la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Lo curioso fue que esta ley no fue el fruto del consenso, ya que incluso se incluyeron de la noche a la mañana cerca de 60 artículos que no se habían discutido y que incluso congresistas del mismo partido de correa desconocían. Entre ellos, la creación de la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom), organismo que castiga a los medios.
Ricaurte considera que los textos de la ley son "ambiguos y esquizofrénicos", por un lado dicen proteger la libertad de expresión y por el otro la censura. "En el lado declarativo es una ley muy linda", admite Ricaurte, porque promueve la democratización de los medios y la libertad de expresión, pero luego la limita. Por ejemplo, las normas deontológicas que los medios deben seguir son buenas, pero no pueden ser impuestas por ley.
La ley también hace a los medios de comunicación responsables de la información y de las opiniones (incluso de las caricaturas), por eso es que los dibujos del caricaturista del periódico El Universo, Xavier Bonilla "Bonil", también son responsabilidad del periódico. La LOC en apariencia protege la censura previa, sin embargo, los medios de comunicación deben cubrir y difundir hechos de interés público, la omisión de cobertura es considerada un acto de censura previa de parte del medio. Por tanto, todo lo que el gobierno defina como un acto de interés general debe ser cubierto por todos los medios o se arriesgan a ser sancionados, por ejemplo, diversos medios fueron sancionados por no difundir la noticia del otorgamiento de un doctorado honoris causa a Rafael Correa en Chile.

Los efectos de la ley
La ley ha ocasionado un esquema que juzga a medios y periodistas en tribunales especiales, en muchos casos el mismo fiscal es juez. Ha habido más de 145 procesos contra los medios de comunicación en el año y medio que lleva vigente la ley. La mayoría han sido iniciados por funcionarios del gobierno, de oficio por la Supercom, o por exfuncionarios y organizaciones afines al gobierno.
Correa también utiliza su programa enlace sabatino para atacar a críticos, e incluso ha pedido a la Supercom iniciar algún proceso contra un medio en este mismo programa, por ejemplo, el proceso contra Bonil fue ordenado directamente por el presidente en su programa. Ricaurte está convencido de que la ley no ha expandido derechos de ciudadanos ni ha frenado el poder abusivo de algunos dueños de medios, sino que ha sido utilizada por agentes del gobierno para limitar el derecho a la información.
El director ejecutivo de Fundamedios opina que en la mayoría de casos la Supercom actúa para castigar la línea editorial de un medio. Por ejemplo el Diario Extra, un tabloide popular, ha sido castigado por cosas absurdas tales como que al superintendente no le gusta un titular o la fotografía de una modelo. La ley también castiga las opiniones con sanciones delirantes. La consecuencia es que en las redacciones la última palabra ya no la tienen los editores sino los abogados, quienes revisan cada nota. Otro efecto que ha causado la ley según Ricaurte es que en Ecuador "ha desaparecido mágicamente la corrupción en el país", ya no se informa por miedo a sanciones y por tanto ya no existe. Los procesos de investigación periodística se han tenido que refugiar en la web.
La democratización de los medios tampoco ha sido exitosa, el gobierno procedió a un reparto de las frecuencias sin ningún tipo de transparencia, dando un 34 % al sector comunitario, y lo restante al sector público y privado. Pero el sector comunitario no ha avanzado mucho, el gobierno les otorgó 17 emisoras a distintas comunidades indígenas. Sin embargo, la situación de estas radios es crítica, están a punto de desaparecer y se han visto obligadas a someterse a los lineamientos del gobierno impuestos por contrato, se les otorga publicidad oficial a cambio de que transmitan el enlace sabatino, los noticieros oficiales y otros programas. La suerte del sector privado no ha sido mejor, han desaparecido medios. Por ejemplo, el diario Hoy, el segundo más importante de Quito.
Cesar Ricaurte advierte que "en este momento, quizá el mayor monopolio de medios de comunicación en el Ecuador está en manos del gobierno". El estado es dueño de 30 medios de forma directa y cerca de 300 de forma indirecta. Otros medios importantes tales como el periódico El Comercio han sido comprados por Ángel "el Fantasma" González, quien compró el 94 % de las acciones del medio y con esto adquiere el control de aproximadamente 21 medios en el país. Otro empresario quien es afín al gobierno, Jorge Yunda, es uno de los magnates de medios en el país, con radios y periódicos en todas las provincias. Lo cierto es que los medios no se han democratizado con la nueva ley, sino que han pasado a formar parte del gobierno, de empresarios de dudosa reputación y de amigos del gobierno.
Otro atropello a la libertad de expresión que impone esta ley son los denominados "defensores de la audiencia", los cuales son agentes del gobierno nombrados por procesos no transparentes para que actúen dentro de medios. Por tanto, se establecen controles de vigilancia y monitoreo dentro de los propios grandes medios. El siguiente gran objetivo de la ley es regular internet y el proceso ya ha empezado.

La concentración de medios en Latinoamérica
Otro de los temas más relevantes tratados fue la concentración de medios en la región y los riesgos que esto implica para la libertad de expresión. Uno de los casos más interesantes de concentración de medios es el de Guatemala, donde un empresario mexicano, a quien los expositores LaRue como Gómez y Cantón llamaron "el Fantasma", es dueño de diversos medios y ejerce una gran influencia sobre el Congreso. Pero la influencia de González no se limita a Guatemala, este empresario es dueño de medios en toda la región (tiene más de 30 canales y 130 radios en 16 países) y su poder incluso llega a El Salvador, donde ya ha comprado frecuencias.
El guatemalteco Frank William La Rue, ex Relator Especial de la ONU de Libertad de Expresión, diversidad, explica que la pluralidad y diversidad de medios es fundamental, especialmente en un país con mayoría de población maya, como Guatemala, la cual ha sido tradicionalmente marginada. "Casi siempre relacionamos la libertad de expresión con difundir información, pero también hay que insistir en el derecho de recibir información de forma diversa y plural", explica La Rue.
Este guatemalteco no cree que la mejor ley de comunicación es la que no existe, porque esto puede llevar a problemas de concentración graves, sino que la ley debe garantizar que el Estado juegue un papel regulador en aquellas áreas que son su competencia, como en la propiedad pública, el gobierno debe garantizar un espacio del espectro electromagnético para medios comunitarios y étnicos con el fin de garantizar el uso democrático de los medios. En contenido, entre menos esté regulado es mejor, pero hay áreas en las que el Estado debe intervenir.
La Rue cuenta que en 2000, año en el que el ex Relator Especial para la Libertad de Expresión, Santiago Cantor (presente en el evento) visitó Guatemala, había cinco canales de televisión, cuatro privados y uno público (propiedad del ejército). En los privados hay un monopolio absoluto ya que los cuatro pertenecen a Ángel González, a quien en Guatemala a modo de eufemismo le llaman el "ángel de la democracia". Sin embargo, hay un caso más trágico en Centroamérica, del cual La Rue se reservó de decir el nombre, un país donde hay un duopolio en los canales de televisión, de los cuatro canales, dos son de González y dos del gobierno.
La concentración de medios que acapara Ángel González en Guatemala es un serio problema. La Rue ejemplifica el poder de este empresario mexicano con el siguiente ejemplo, las elecciones de la junta directiva del Congreso el año pasado generaron mucho debate entre los partidos, los cuales no eran capaces de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, de repente, alcanzaron un consenso casi absoluto cuando nombraron a Luis Rabbé, cuñado de Ángel González, como presidente. Es sorprendente que el único punto de consenso que se alcanzó en el Congreso fue darle la presidencia a los dueños del monopolio de la televisión. Estos es pasar del sector de las telecomunicaciones al ejercicio del poder.
"El ejemplo de Ángel González le hace mucho daño a personas que trabajan en servicios audiovisuales, gente honesta que lo hace legítimamente, pero que le afecta ver como se mal utiliza la influencia de los medios", explica Frank La Rue.
En El Salvador fue considerado insólito y muy cuestionado cuando el exsuperintendente Ástor Escalante autorizó de un plumazo que el canal 37, ligado a González, pasará a una frecuencia de mayor privilegio, la del 11, en menoscabo de medios independientes y más antiguos y de la sana competencia.
Fuente: elsalvador.com

El 11-S y el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York sigue siendo motivo de controversia y polémica, máxime cuando, a pesar de los años transcurridos, siguen originando hechos extraños e, incluso, muertes

David Carr - Bob Simon - Ned Colt

Así es el caso de tres periodistas que trabajaban en un documental en el que se ponía de manifiesto la implicación del gobierno norteamericano en el derribo de las torres del WTC (World Trade Center) y que han fallecido en las últimas horas. Son el ex reportero internacional de la NBC, Ned Colt, el corresponsal de CBS News, Bob Simon, y el periodista del New York Times, David Carr.
Todo resulta muy extraño, así Bob Simon, de 73 años, el pasado miércoles fue asesinado en Nueva York en un accidente de tráfico, el jueves Ned Colt, de 58 años, por un derrame cerebral masivo,David Carr, de 58 años, de un colapso en la sala de redacción del New York Times.
Ellos tres más Brian Williams, quien debió renunciar a la NBC por mentir sobre una noticia de Irak, crearon una empresa independiente de noticias en vídeo y presentaron los documentos de seguridad necesarios que les permitiría acceso al archivo más secreto del Kremlin en relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue el presidente Putin quién dio la voz de alarma que se iba a divulgar dicha información.
Detrás de todo ello estaría el mismo presidente ruso, interesado en que se sepa esta ‘verdad’ y de la participación del gobierno de Estados Unidos y los servicios de inteligencia en los ataques del 11 de septiembre. Es una nueva versión de la ‘Guerra Fría’ y cuyo objeto oscuro de deseo era el control del petroleo y los intereses petroleros de Estados Unidos en el Medio Oriente así como sus empresas estatales, entre ellas las del entonces presidente George Bush y familia.
Los tres periodistas fallecidos consideraban lamentable la manipulación de la información en torno a este tema, quizás por ello se justifique desde el gobierno el controlar las informaciones de los medios de comunicación alternativos y se amenaza con ilegalizar aquellos sitios más osados con la información.
Fuente: CádizDirecto

Frente a ​las ​situaciones incómodas vividas por compañeros en distintas coberturas, ​nos vemos obligados a reiterar nuestro inquebrantable compromiso con la libertad de prensa y expresión y con la necesidad de construir una verdadera comunicación pública que incluya todas las voces y opiniones.
Vemos con preocupación la manipulación política que realizan los dueños y directivos de los grupos hegemónicos de comunicación que priorizan sus intereses por sobre la verdad, no dudando en "utilizar" la muerte de un fiscal para obtenerlos.
Frente a los acontecimientos que se producen por estas horas, reiteramos que realizamos todas las coberturas periodísticas con la ​ ​responsabilidad,​ amplitud, respeto y cuidado en la información ​por la que siempre bregamos y luchamos.
La Televisión Publica debe reflejar la mayor cantidad de opiniones e ideas, debe ser un canal de expresión amplio y plural en búsqueda de reflejar lo mas fielmente posible la realidad.
También nos vemos en la obligación de aclarar que los trabajadores de prensa del noticiero no somos responsables de las decisiones editoriales que recaen en las autoridades del noticiero y de RTA SE.
La realidad de los hechos que debe buscar la justicia esta por encima de cualquier interés político.
Comisión Interna de Prensa de Canal 7

Peter Oborne acusa al medio de ceder ante las demandas de los anunciantes. "Se necesita un microscopio para encontrar la cobertura del ‘Telegraph’" sobre el HSBC, ha dicho el que durante cinco años fuera uno de los periodistas más afamados del periódico británico
Ha renunciado por no faltar a su ética periodística. Este podría ser el resumen del caso que ha revuelto al diario ‘The Telegraph’ después de que Peter Oborne, uno de sus redactores más afamados, haya decidido dejar de trabajar en él. Oborne acusa al medio británico de ser un “fraude para sus lectores” en la cobertura que se le está dando al tema del banco suizo HSBC. “La propia democracia está en peligro”, asegura el periodista.
Oborne ha publicado un artículo en Opendemocracy titulado ‘Por qué he abandonado el Telegraph’ donde afirma que el periódico ha dejado de informar correctamente por “temor a perder ingresos por publicidad”, algo que ha motivado su salida del medio. Según las propias palabras del redactor, uno de los más influyentes del citado diario conservador británico, se necesita “un microscopio para encontrar la cobertura del ‘Telegraph’ [sobre el HSBC]: nada el lunes; seis pequeños párrafos al final de la página dos, el martes; siete párrafos pérfidos en las páginas de negocios, el miércoles”.
En su artículo también expone las conversaciones que mantuvo con sus superiores, y cómo éstos intentaban desviar su atención respecto al tema continuamente. Además, Peter Oborne recuerda que el HSBC ya suspendió en una ocasión su contrato publicitario con el ‘Daily Telegraph’ cuando el rotativo investigó acerca de las cuentas de Jersey en 2012, que permitieron eludir el pago de impuestos a sus titulares.
El que durante cinco años fuera un orgulloso trabajador del ‘Telegraph’, se ha convertido en enemigo de su empresa por los comentarios “sorprendentes e infundados, llenos de inexactitud e insinuaciones” que ha hecho, según afirman desde la propia empresa. El diario ha querido hacer llegar su opinión a ‘The Independent’: “Nuestro objetivo es proporcionar a todos nuestros socios comerciales una amplia gama de soluciones de publicidad, pero la distinción entre la publicad y nuestra premiada operativa editorial siempre ha sido fundamental para nuestro negocio”.
Un propietario de ‘Le Monde’, contrario a publicar la Lista Falciani
El caso que ha sacado a la luz Peter Oborne recuerda a la disconformidad expresada por uno de los tres accionistas principales de ‘Le Monde’. Este diario francés ha sido uno de los medios que, junto con ‘El Confidencial’ y el ICIJ, ha sacado a la luz la Lista Falciani, y resulta llamativo que Piere Bergé (uno de sus propietarios) criticara la publicación. "No es para eso para lo que les he permitido obtener su independencia. Son métodos que repruebo", declaró en los micrófonos de "RTL" Bergé, que en 2010 salvó a "Le Monde" de la quiebra.
Por su parte, el directo del rotativo francés, Gilles van Kote, aseguró que estos comentarios no modificarán las decisiones del diario. La redacción "tiene un estatuto que nos da el control sobre el contenido editorial del diario. Eso no va a cambiar porque un accionista no lo comparta", señaló Van Kote. "Bergé siempre ha desconfiado del periodismo de investigación, no le gusta mucho esa palabra, pero para nosotros la investigación, la exclusiva, están en el alma del periodismo", consideró.

Open Democracy's Mary Fitzgerald has written this admirable editorial, not that I agree with all of it: https://t.co/morXbTJbtu
— Peter Oborne (@OborneTweets) febrero 17, 2015

Fuente: El Confidencial

Mediante un comunicado Indalo Media informó que el grupo cerró la operación de adquisición del 60% de Grupo Ámbito -Editorial AmFin S.A.-, titular de los diarios Ámbito Financiero, Buenos Aires Herald y El Ciudadano de Rosario

Captura de pantalla realizada a las 20:30
Puntos destacados la crónica:
Edita TelAm que "algunos manifestantes portaban carteles con consignas como "Todos somos Nisman" y "Justicia".
Además de esos carteles, tenían otros que rezaban "basta de inseguridad", y mientras avanzaban producían aplausos espontáneos repetidamente, interrumpidos por algunos gritos aislados de "asesina, asesina".
Durante la tarde, algunos de los manifestantes que marchaban, les preguntaban a los periodistas presentes si eran del programa 6,7,8 de la TV Pública y accedían a dar su testimonio si los
En el final cita que "Apenas pasadas las 20.15, Piumato tomó el micrófono y tras pronunciar unas breves palabras invitó a la desconcentración, que se realizaba sin mayores inconvenientes".
Minutos después de esta publicación, cambió la portada y la nota. En el primer párrafo eligió recordar: "Como en las marchas organizadas por Juan Carlos Blumberg en 2004 tras el asesinato de su hijo Axel, los actos impulsados por el campo y en los recientes "cacerolazos", en esta concentración el dato sobresaliente fue la composición social de sus integrantes: clase media y alta".
Destacó luego: "Otro dato importante de esta "Marcha del Silencio" fue la ausencia de jóvenes como sector organizado o espontáneo, más allá de algunos que acompañaban a sus padres. La mayoría de los manifestantes era de edad madura, de evidente actividad profesional o empleados jerárquicos".
Profundizó en la participación de dirigentes políticos opositores, retiró la mención sobre 678 y amplió sobre algunas expresiones intolerantes que aparecieron en el lugar.
"A pesar de que era un marcha del silencio, algunos gritos de "Argentina, Argentina" se mezclaban con "Asesina, asesina", en clara alusión a la Presidenta.
En tanto, algunas consignas escritas en pancartas no representaban, precisamente, el carácter pacífico que se le quiso dar a la marcha: "CFK, basta de terrorismo de Estado" o "Cristina, nos vas a tener que matar a todos como a Nisman".

Dante Augusto Palma publicó en su cuenta de Twitter (@palmadante):Los créditos de la imagen le corresponden a @EameoOk...

Los trabajadores del canal oficial rescataron que la mayoría de la gente se manejó con respeto
Por: Edith Cantizano
Los trabajadores del canal oficial reconocieron algunos insultos en la marcha por la muerte del fiscal Alberto Nisman ,no obstante rescataron que la mayoría de la gente se manejó con respeto hacia ellos
En la concentración todos los canales realizaron su cobertura y la TV Pública estuvo presente. Los móviles con los logos característicos de la emisora estaban estacionados en la calle Luis Sáenz Peña; sin embargo, los camarógrafos, cronista y otra camioneta blanca estaban ubicados sobre Rivadavia transmitiendo la caminata de miles de personas bajo la lluvia.
Ante la consulta sobre posibles agresiones, el periodista Gastón Soulages contó a La Nación que en general todo se dio de manera tranquila, salvo contadas excepciones.
El cronista relató: "Hubo personas que nos decían algún insulto o un «digan la verdad». Hasta ahora fue una minoría, no se puede decir que fuimos agredidos. La mayor parte pasó en silencio, cuando tenemos la cámara prendida a lo mejor gritan algún mensaje para la Presidenta".
Para el conductor de la TV Pública en alguna medida es entendible el enojo de la gente. "Obviamente al no ver ningún funcionario, se la agarran con nosotros cuando ven el micrófono", señaló.
Por último, Soulages explicó: "Alguna persona insultó o mandó algún mensaje para la Presidenta. No hubo agresión. Algunas personas no entendieron el sentido, pero la mayoría tuvo mucho respeto. Es lo mismo que les pasa a los periodista de El Trece o TN cuando van a una manifestación kirchnerista".
Fuente: Diario La Nación
Ver anterior: #18F: Comunicado de los periodistas y trabajadores de prensa de la TV Pública

Por: Luis Castillo, lcastillo@el-carabobeno.com
Hacer periodismo en Zeta es un acto de valentía. El semanario mexicano incomoda a las autoridades y al crimen organizado. “Esto es periodismo libre, crítico, contestatario, antigobierno y antioficialista”, resumió Adela Navarro, directora. Su línea editorial le ha costado la vida a dos periodistas, han sufrido atentados y recibido amenazas.
Ese periodismo cerca de la sociedad y lejos del gobierno es lo que ha mantenido a Zeta por 34 años, sostuvo Navarro. “Con esta línea del semanario no es fácil venir a trabajar a este medio”.
La ciudad de Tijuana, donde está la sede de Zeta, es la más occidental de América Latina. Tiene una población de 1,5 millones personas, según el último censo oficial.
Su condición fronteriza con California, Estados Unidos, atrajo al narcotráfico, que tiene su mercado en el vecino país, y al crimen organizado. El mismo que en abril de 1988 acabó con la vida del co-director de Zeta, Héctor “el Gato” Félix Miranda, quien publicaba una columna sobre hechos de corrupción y tráfico de drogas. Fue interceptado mientras manejaba su vehículo. Recibió dos disparos.
Los asesinos trabajaban como guardias de seguridad en una pista de carreras propiedad de Jorge Hank Rhon, un influyente hombre de negocios que luego fue elegido alcalde de Tijuana.
Navarro y su equipo no se sienten protegidos por las autoridades de su país. Todas las alertas por amenazas han llegado del gobierno de Washington. “Los casos de periodistas no se resuelven. Señalamos mucho la impunidad que hay para la investigación sobre los carteles en México”. En 2014 se mantienen 20 comunicadores sociales desaparecidos.
En 1997 estuvo en terapia intensiva el fundador de Zeta, el experimentado periodista Jesús Blancornelas. Sobrevivió a cuatro disparos en un atentado el 27 de noviembre. Su guardaespaldas murió dentro del vehículo en el que se movilizaban.
Ochenta proyectiles impactaron en la camioneta de Blancornelas, quien días previos al ataque había hecho pública la vinculación de los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix a una serie de asesinatos, incluido el del cardenal Jesús Posadas Ocampo.
Uno de los sicarios murió en el atentado por una bala que rebotó hacia él. En las investigaciones se conoció que trabajaba para los hermanos Arellano Félix, líderes del cartel de Tijuana.
Navarro recuerda que Blancornelas tenía contactos en la Procuraduría General, en el Ejército, la DEA y el FBI. Le daban información sobre la corrupción en las corporaciones policíacas y la impunidad comprada por los mafiosos. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el servicio secreto mexicano, le seguía los pasos y la Judicial del Estado le asignó escoltas, pero una semana antes del atentado se retiraron sin razón, cuestionó.
En 2004 hubo otra baja en Zeta. Asesinaron al periodista Fresco Javier Ortiz. Le cayeron a tiros frente a sus hijos. Las autoridades sospecharon de los hermanos Arellano Félix pero la investigación terminó sin conclusión.

Una Ventana
“No pensamos en el miedo. Tenemos un trabajo y nos dedicamos a hacerlo de forma profesional”, afirmó Navarro, catalogada por Forbes como una de las mujeres más poderosas de México.
Navarro, quien dirige Zeta desde el fallecimiento de Blancornelas en 2006, está convencida de que la estrategia de las autoridades no es la más idónea para atacar al narcotráfico. Cuándo se captura al líder del cartel, lo que sucede es que los posibles herederos hacen sus cartelitos porque no se ponen de acuerdo para elegir al nuevo líder. Resultado: Ahora hay más bandas organizadas porque no se ataca la parte financiera.
Zeta cuenta con unos 20 periodistas. Nació como una ventana donde la gente atemorizada por el crimen confiaba que podía entregar una información y sería publicada. Hoy el 70% de los reportajes es producto de la vinculación con el lector. “La sociedad es la única que dicta líneas”, afirmó Navarro ganadora de premios nacionales e internacional por su defensa a la libertad de prensa.
La relación del lector con el medio llegó a ser tan estrecha que la gente enviaba una denuncia por correo a las autoridades con copia a Zeta, aseguró la periodista.

Protección
En diferentes etapas de Zeta, el Gobierno ha facilitado escoltas a los periodistas, pero para Navarro su principal protección es el lector. El atentado de los hermanos Arellano Félix contra Blancornelas fue parte del inicio de su caída porque se metieron con un periodista que tenía mucho apoyo de la sociedad, que a la clase política le daba temor que lo fueron a matar, argumenta.
Los medios independientes y de investigación son muy importantes no solo para la democracia sino para la denuncia. “Eso nos ha metido en problemas porque nosotros publicamos las fotos de los narcotraficantes y de los delincuentes”, explicó la directora a un grupo de periodistas latinoamericanos que acudió a Zeta como parte de un taller de periodismo de investigación del Instituto de las Américas.
En Zeta tienen su estrategia de autodefensa. Cuando han sido alertados de que hay una amenaza de inmediato lo hacen público. “Y recibimos el apoyo de los lectores y organizaciones internacionales”, aseguró Navarro.

Trabas
Imprimir la edición completa de Zeta en California, Estados Unidos, es un alto costo económico, pero es una manera de garantizar su circulación.
En ciertos momentos hubo problemas para llevar el semanario a México. La esposa de Blancornelas lo buscaba de noche, escondida, y lo dejaba en la sede por partes. Allí se compaginaba de manera manual.
Las presiones vienen de todos los lados. El Gobierno recorta la publicidad y sus funcionarios evaden dar entrevistas. Han dictado leyes y reglamentos para no dar información. Pero siempre hay una salida. “Hemos hecho contactos dentro de las instituciones. Es un delito que nos den la información, pero encontramos la forma”.
Hubo un alcalde que decidió no anunciar en el semanario con el argumento de que “no paga para que le peguen”. La línea de Zeta es así. Se han perdido anunciantes, pero las publicaciones están fundamentas, afirmó Navarro.
Carteles de la droga y policías judiciales han comprado la edición completa en los quioscos para evitar que la gente se entere de las publicaciones.
La primera vez ocurrió con una investigación sobre cómo llegaban los narcotraficantes a Baja California vía la procuraduría del estado. Ese periódico lo compraron todo. A la siguiente semana se publicó la misma nota y se agregó que el gobierno había mandado a comprar todo el periódico.
“Hemos pagado con vidas el hacer este periódico”, lamenta Navarro, pero consciente de que hay una nueva generación de periodistas jóvenes que está comprometida con esta manera de hacer periodismo. No duda que pese a las adversidades y riesgos Zeta continuará la investigación de narcotráfico, crimen organizado, corrupción y política.
Fuente: El Carabobeño

Lo dispuso la justicia contra el semanario El Eco de Colonia
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y la Organización de la Prensa del Interior (OPI) denuncian la grave violación a la libertad de expresión provocada por una medida judicial dispuesta este miércoles 18 por una jueza de Carmelo contra el semanario El Eco de Colonia, advierten que la misma significa un severo incumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el país en la materia e instan a la revisión judicial inmediata de la medida pues pone en serio riesgo la publicación de la próxima edición del medio, lo cual constituye un caso grave de censura indirecta.
Según informaciones que las organizaciones pudieron recabar, en la mañana de este miércoles 18 de febrero la jueza penal de Carmelo María Alexandra Facal dispuso la realización de un procedimiento judicial, en el marco de un proceso iniciado en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería, que terminó con la incautación de los equipamientos informáticos utilizados por el semanario El Eco de Colonia
La denuncia persigue el pago de una indemnización por el uso de software sin licencia y es objeto de un proceso de conciliación judicial que se encontraba en marcha en el momento de la medida. De hecho, está fijada una audiencia para el próximo miércoles 4 de marzo dado que el medio ya expresó su voluntad de alcanzar un acuerdo de pago, aunque por un monto menor al reclamado por los empresarios.
La incautación de los equipos se realizó luego de dos procedimientos en las oficinas que el medio tiene en las ciudades de Carmelo y Nueva Palmira, de los que participaron funcionarios policiales acompañados por el presidente de la Cámara Antipiratería Fernando Couto y otra persona que no quiso identificarse. En Carmelo no se incautó ninguna computadora porque se comprobó que se utilizaba software libre pero en Nueva Palmira se procedió al retiro de todo el equipamiento, incluyendo una laptop propiedad de uno de los directivos del medio que no estaba comprendida en la medida judicial.

Libertad de expresión afectada
La medida adoptada por la Justicia coloniense resulta especialmente grave ya que desconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1) así como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (2) del Sistema Interamericano.
En efecto, el artículo 13 de la convención establece en su numeral 2 que el derecho a la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a). el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b). la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
A continuación, el numeral 3 añade que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
En tanto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece en su punto 4 que “Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”.
La medida dispuesta por el Poder Judicial –que forma parte del Estado y por lo tanto está sujeto a las mismas obligaciones que el resto de los poderes– pone en serio riesgo la publicación de la edición de El Eco del próximo día sábado 21 de febrero, lo cual implica un claro caso de censura indirecta. A este respecto, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
Considerando que los equipos incautados a El Eco contienen información periodística sensible, la medida judicial viola también el Principio 8, que establece que “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

Arbitraria, innecesaria y desproporcionada
Por otro lado, a la luz de las disposiciones del sistema interamericano de Derechos Humanos, también resulta evidente que la disposición de la jueza Facal que afecta al diario El Eco de Colonia resulta arbitraria, innecesaria y desproporcionada. En efecto, según el Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión (3), “las limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que persiguen, estrictamente proporcionadas a la finalidad que buscan, e idóneas para lograr el objetivo imperioso que pretenden”.
Asimismo, establece que “el adjetivo ‘necesarias’ no equivale a ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’. Para que la restricción sea legítima, debe establecerse claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar la limitación, es decir, que tal objetivo legítimo e imperativo no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo de los derechos humanos”.
El Marco Jurídico Interamericano establece asimismo que “cualquier limitación al derecho a la libertad de expresión debe ser un instrumento idóneo para cumplir la finalidad que se busca a través de su imposición —esto es, debe tratarse de una medida efectivamente conducente para obtener los objetivos legítimos e imperiosos que mediante ella se persiguen—. En otras palabras, las limitaciones deben ser adecuadas para contribuir al logro de finalidades compatibles con la Convención Americana, o estar en capacidad de contribuir a la realización de tales objetivos”.
Asimismo, los estándares interamericanos señalan que estas eventuales restricciones a la libertad de expresión “deben ser estrictamente proporcionales al fin legítimo que las justifica, y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo, interfiriendo en la menor medida posible con el ejercicio legítimo de tal libertad. Para determinar la estricta proporcionalidad de la medida de limitación, ha de determinarse si el sacrificio de la libertad de expresión que ella conlleva resulta exagerado o desmedido frente a las ventajas que mediante ella se obtienen”.
En este sentido, según la Corte Interamericana, para establecer la proporcionalidad de una restricción cuando se limita la libertad de expresión con el objetivo de preservar otros derechos, “se deben evaluar tres factores: (i) el grado de afectación del derecho contrario— grave, intermedia, moderada—; (ii) la importancia de satisfacer el derecho contrario; y (iii) si la satisfacción del derecho contrario justifica la restricción de la libertad de expresión”.
En el caso de marras resulta evidente que la intención de reparar el derecho de la cámara empresarial de percibir el dinero reclamado por la no adquisición de programas informáticos no justifica la violación del derecho a la libertad de expresión del medio de comunicación y sus periodistas. En este caso además, no solo se viola el derecho de El Eco a difundir información sino también el de sus lectores a recibirla, ya que el sistema interamericano considera que el derecho a la libertad de expresión incluye “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”.
(1) Convención Americana sobre Derechos Humanos http://goo.gl/EZxh2t
(2) Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión http://goo.gl/5cXNW
(3) Marco Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión http://goo.gl/soMF6
Contacto: Fabián Werner, encargado del Área Libertad de Expresión de CAinfo: fwerner@cainfo.org.uy

A las 16:35 del jueves 19 de febrero el Centro de Información Judicial publicó: "La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Amado Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles". Enseguida la noticia impacto en las redes sociales y en los diarios digitales. Más tarde llegó a Reuters. La noticia no apareció en la web de la agencia gubernamental TelAm, que eligió cerrar el día con "Cristina agradeció los saludos por su cumpleaños con un mensaje en las redes sociales". Esta se suma a la que editó en la tarde "En el día de su cumpleaños, el hashtag #CristinaCumple encabeza las tendencias en las redes sociales". Sin embargo el vicepresidente no estuvo ajeno a la agenda informativa de la agencia, a las 21:01 publicó: "Boudou recibió al embajador de Bielorrusia"
Recién a las 09:05, usando declaraciones del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, titula: El procesamiento de Boudou es una "nueva embestida judicial"