Pretende castigar hasta con penas de prisión desde un mes a tres años de encierroPor: Juan Ignacio IrigarayEl gobierno argentino pretende castigar hasta con penas de prisión, desde un mes a tres años de encierro, a los autores de comentarios en Internet que inciten a la persecución, el odio o la discriminación, así como a quienes los admitan y publiquen, ha informado este martes la prensa porteña.
Para ello varios diputados oficialistas del cristinismo gobernante, entre otros Remo Carlotto, hijo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, impulsan un proyecto de ley en el parlamento, donde el oficialismo cuenta con una cómoda mayoría.
El trámite parlamentario de la propuesta avanza sin freno. Ya ha sido aprobada en la Comisión de Derechos y Garantías, y ahora marcha hacia las de Comunicaciones e Informática y de Libertad de Expresión. Se calcula que en agosto próximo sería aprobada en el Congreso y, luego, pasaría al Senado.
El texto discriminador será identificado como aquel que "a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, mensajes, valores, íconos o signos transmita y/o reproduzca dominación y/o desigualdad en las relaciones sociales, naturalizando o propiciando la exclusión o segregación en razón de pretextos discriminatorios".
Como salta a la vista, la tipificación legal es amplísima y, así, caerán en la norma muchos mensajes de los foros en la web, comentarios de los lectores en todo tipo de publicaciones: sitios web informativos, blogs, redes sociales, agencias de noticias, diarios y revistas on line, etc., que recojan textos de los usuarios.
Si finalmente la norma fuese promulgada, cualquier persona que se sienta afectada por algún comentario podrá radicar la denuncia ante una autoridad administrativa, policial o judicial. Y sólo con que presente una copia en papel del texto que considere ofensivo será prueba suficiente.
El acusado de discriminador deberá demostrar que es inocente -se invierte la carga de la prueba-, según explicó el periodista José Cretaz. Y si el autor del comentario no es encontrado, el editor del sitio web será considerado responsable.
De momento nadie de la oposición política ha alertado sobre los posibles riesgos. Sólo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo defensor de derechos humanos que suele coincidir con el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández, ha avisado que corre peligro la libertad de expresión.
"Frente a la violencia verbal que se verifica a diario en los foros de distintos medios, la respuesta debe ser de registro y educación y nunca represiva", opinó la ong. Y recordó que la OEA y la ONU únicamente admiten bloqueos y filtros contra aquellos mensajes que inciten a la guerra, el odio y la pornografía infantil.
Qué dice el dictamenTextualmente, el dictamen -que tiene un fin tan loable como terminar con los actos discriminatorios que se producen habitualmente en lugares que se reservan el "derecho de admisión"- se dirige a los medios de Internet y electrónicos en su Artículo 21 de su Capítulo III.
Artículo 21°: Promoción de la no discriminación en Internet
Los administradores de sitios de internet que dispongan de plataformas que admitan contenidos y/o comentarios subidos por los usuarios están obligados a:
a) publicar términos y condiciones que contengan la información del Anexo II de esta ley, con el objeto de informar sobre el carácter discriminatorio de un contenido y la legislación vigente al respecto;
b) disponer y hacer pública una vía de comunicación para que los usuarios denuncien y/o soliciten la remoción del material que se encuentre en infracción a esta ley. Los medios de prensa, agencia de noticias, diarios on line y revistas electrónicas que cuenten con plataformas que admitan contenidos generados por los usuarios deben, además de las obligaciones previstas precedentemente, disponer de la información prevista en el inciso a) de este artículo a través de la activación automática de una ventana cuyos términos deben ser aceptados por el usuario antes de acceder a realizar el comentario o subir cualquier contenido, y adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios.
Respecto del "contenido discriminatorio", el proyecto especifica también su alcance en el anexo II de la norma.
"Será considerado contenido discriminador aquellos mensajes publicados en las plataformas de contenidos producidos por los usuarios que menoscaben o insulten a las personas o grupo de personas o asociaciones, motivadas en la falsa noción de raza, así como en las nociones de etnia, nacionalidad, lengua, idioma o variedad lingüística, religión o creencia, ideología, opinión política o gremial, sexo, orientación sexual, género, identidad de género y/o su expresión, edad, color de piel, estado civil, situación familiar, filiación, embarazo, discapacidad, responsabilidad familiar, antecedentes penales, trabajo u ocupación, lugar de residencia, caracteres físicos, características genéticas, capacidad psicofísica y condiciones de salud, posición económica o condición social, hábitos personales o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o preferencia. La presente enumeración no es taxativa y el carácter discriminador deberá ser evaluado con arreglo a la ley.... de Actos Discriminatorios y los instrumentos internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país".
Con esto, prácticamente cualquier comentario que pueda ofender a una persona es pasible de ser removido y la carga de la prueba quedaría invertida automáticamente: ante la realización de un acto pretendidamente discriminatorio de acuerdo a la ley (en caso de que se apruebe), la carga de demostrar que el acto no es discriminatorio recaerá sobre quien presuntamente lo haya realizado. Es decir, que en lugar de presumirse inocencia y corresponder a la parte acusadora la carga de demostrar culpabilidad, se presume culpabilidad y la inocencia debe ser comprobada.
El proyecto también crea una nueva figura penal, ya que reprime con penas de un mes a tres años los nuevos actos discriminatorios.
Afirman que la libertad de expresión estaría garantizadaPara el FPV, la iniciativa busca establecer que “la libertad de expresión es un derecho fundamental que, entre otros límites, tiene a la discriminación”; Garrido, de la UCR, consideró que el intento de modificar la normativa es censura previaLos diputados Diana Conti (FPV) y Manuel Garrido (UCR) polemizaron hoy respecto del objetivo que persigue la ampliación de la Ley Nacional contra la Discriminación que impulsa el kirchnerismo en la Cámara baja en cuanto a si significará o no censura previa para los comentarios subidos a sitios de Internet.
Conti aseguró que el proyecto no tiene por fin censurar los comentarios en la red pero destacó que la libertad de expresión es un derecho que “entre otros límites, tiene a la discriminación”.
La ley antidiscriminatoria argentina data de 1988 y, según Conti, “pese a las modificaciones recibidas ha quedado desactualizada” por lo cual se la intenta modernizar incorporando los comentarios emitidos en la plataforma de Internet. La legisladora, en un comunicado de prensa, desechó que haya una intención de censura previa y resaltó que el texto es “una nueva ley superadora” que “en modo alguno modifica su parte penal” pero busca establecer que “la libertad de expresión es un derecho fundamental que, entre otros límites, tiene a la discriminación”.
En cambio, Garrido afirmó que “el proyecto para controlar insultos y calumnias en la Web es censura previa”, por lo que en declaraciones radiales ratificó su disidencia parcial con el texto. El diputado de la UCR explicó que “a diferencia de lo que ocurre con los medios tradicionales, donde se estableció que no puede haber censura previa sino responsabilidad ulterior establecida por una autoridad judicial, acá se genera un canal para que los que provean espacios en Internet se autocensuren con el solo reclamo de los particulares, o sea, se abre el espacio a la censura privada”.
La iniciativa pertenece a los diputados kirchneristas Andrés Larroque, Anabel Fernández Sagasti, Horacio Pietragalla Corti, Remo Carlotto, Julián Domínguez, Mayra Mendoza, María Luz Alonso, Eduardo De Pedro, Ana Gaillard y la neuquina Alicia Comelli (MPN). El proyecto obtuvo dictamen favorable por unanimidad con sólo una disidencia parcial- de la comisión de Derechos Humanos y Garantías y ahora debe pasar por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia antes de llegar al recinto para su tratamiento.
En el artículo 21 indica que “los medios de prensa, agencia de noticias, diarios online y revistas electrónicas que cuenten con plataformas que admitan contenidos generados por los usuarios” deberán habilitar ventanas automáticas para informar condiciones que deberá aceptar o no- el usuario antes de subir comentarios y “adoptar las medidas necesarias para evitar la difusión de contenidos discriminatorios”.
"Un marco difuso de responsabilidad de los intermediarios sólo contribuye como incentivo a la censura privada, ya que ningún medio de comunicación o plataforma de contenidos web querrá asumir el riesgo de ser acusado civil o penalmente por la mera defensa de los comentarios de sus usuarios", afirmó Beatriz Busaniche, secretaria de la Fundación Vía Libre, entidad dedicada a la difusión de los derechos en la era digital.
"La amplitud en la definición de contenidos discriminatorios, la incorporación de plataformas y servicios de Internet, la inclusión de tipos penales y la no definición clara de intermediarios nos llevan a concluir que el proyecto de ley antidiscriminación colisiona con los principios de proporcionalidad indispensables en toda regulación sobre el discurso público. El texto de la ley tal como está expresado actualmente no parece ser la solución apropiada frente a la problemática de la discriminación y el discurso de odio. Más bien, se constituye en una amenaza clara a la libertad de expresión", agregó Busaniche.
El delegado del Inadi en Misiones, Mariano Antón, habló sobre el proyecto legislativo nacional que pretende regular el uso de redes sociales e internet para que no se discrimine. “La libertad de expresión estaría garantizada, incluso cuando se dice algo por ejemplo de la Presidente, pero el límite de esta libertad es la incitación a la violencia y el odio”, aseguró.
“Muchos de los dictámenes de discriminación por parte del Inadi, se da por la utilización de nuevas las tecnologías”, reveló.
Según Antón, “reconocemos el delgado límite de la libertad de expresión y la discriminación. Pero cuando hay incitación al odio y a la violencia, intervenimos amparándonos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.
Sostuvo que el uso de palabras como “chorro” o “corrupto” configura una calificación. “Si una persona se siente damnificado puede accionar, pero no es discriminador en sí”, precisó.
Agregó que “si se dice por ejemplo ‘en este barrio son todos chorros y corruptos y tenemos que hacer algo’, eso sería incitación a la violencia”.
Opiniones:La web no tiene impunidadPor: Julio PetrarcaNo pocas veces, este ombudsman ha rechazado comentar críticas realizadas por lectores a algunas publicaciones ofrecidas por la página web de Editorial Perfil, en la certeza de que su responsabilidad primaria es con los que compran o acceden al diario en papel los sábados y domingos, y porque poner el ojo sobre lo que cotidianamente y en cada momento entrega Perfil.com sería una tarea tan excesiva como probablemente inútil. No estaría de más que Perfil, que plantea poner el oficio periodístico bien ejercido como valor absoluto, incorpore un analista específico para un formato, un soporte tan distinto de éste.
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Haré hoy una excepción para referirme a derivaciones no queridas ni satisfactorias de notas publicadas por el diario Perfil y reproducidas en Perfil.com. Ya algunos de los columnistas del diario se han quejado con justicia por una de esas consecuencias a las que aludo. Concretamente, a los comentarios que los lectores introducen, sin filtro alguno, al pie de las notas reproducidas, comentarios que en muchos casos exceden todo límite lingüístico, ético y periodístico.
Es cierto que no se les puede pedir a los consumidores del medio electrónico que exhiban un excelso manejo del lenguaje, pero el sector de comentarios, en gran medida, se ha erigido en catálogo inagotable de insultos, degradaciones, descalificaciones, elogios desmedidos, golpes bajos, diálogos incomprensibles y agresivos, cuando no absurdos.
Quede claro que soy un defensor a ultranza de las opiniones de los lectores y lo demuestro con la publicación, cada domingo, de todo tipo de cartas, muchas de ellas con fuerte tono crítico hacia publicaciones del diario, artículos y columnas de opinión, incluyendo ésta. Pero un medio de comunicación generalista –y Perfil.com lo es– tiene la obligación y la responsabilidad de cuidar el lenguaje de quienes escriben en él. No se trata de eliminar las llamadas “malas palabras”, o limitar ironías y tonos jocosos. Se trata, sí, de poner algún límite a los desbordes, a las diatribas, a los libelos, a los comentarios que pueden afectar a personas o tergiversar acontecimientos y de los cuales, para completar los males, muchas veces no se hacen cargo con una firma asumida con responsabilidad.
En su columna de despedida como Defensor del Lector del diario El País de Madrid, publicada en septiembre de 2014, Tomás Delclós abordaba justamente el gran desafío que implica para las empresas periodísticas el dar a sus espacios en la web un tratamiento tan riguroso como el que aplican a sus medios gráficos. “La existencia de ediciones digitales, donde el error es más fácilmente remediable y permite una corrección más efectiva sin necesidad de aguardar a una futura, pero igualmente necesaria, fe de errores –escribía Delclós–, modifica algunas prácticas del Defensor en su papel, al menos el central, de mediador entre el diario y los lectores que se interrogan sobre sus prácticas informativas.
El reproche por lo que está mal hecho, el intentar solucionar desaguisados cuando son solucionables, no son tareas cosméticas que convierten, como algunos sostienen, a esta figura en un encargado de las relaciones públicas del medio”. Stephen Pritchard, de The Observer de Londres, y Margaret Sullivan, de The New York Times, coincidieron al plantear como riesgosa la inclusión sin filtros del disfrute catártico de “legiones de blogueros, tuiteros y lectores en internet” que ven sus denuncias publicadas en un sitio web sin ningún análisis crítico. “En resumen, no hay transparencia sin rendición de cuentas”, escribió Pritchard. Y ahí está el meollo del asunto: ¿qué cuentas rinden los anónimos firmantes de comentarios en Perfil.com cuando destratan/maltratan a personajes hasta la humillación o hacen seudos (no sesudos) análisis de acontecimientos sin contrapeso alguno?
En la Argentina, los vacíos legislativos en torno al vasto territorio de internet también caben para esta problemática. En otras regiones existen regulaciones con las que no sólo los autores de injurias y otras intoxicaciones son responsables ante la Justicia por sus actos –cuando éstos son punibles– sino también las empresas periodísticas. Hace un par de años, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que los medios de comunicación sí tienen responsabilidad sobre los comentarios ofensivos publicados por sus lectores en sus páginas web, como reveló el sitio Etica Segura de la Fundación Nuevo Periodismo a raíz de un caso presentado en Estonia, donde el portal delfi.ee publicó el agraviante comentario de un lector contra una empresa de transportes que –se supo en el juicio– no era culpable de lo que se la acusaba en el portal.
Cerrando: será adecuado que Perfil.com ponga límites a sus belicosos seguidores y se cumplan mínimos preceptos éticos en cualquier plataforma periodística.
La Fundación LED alertó por el controvertido proyecto del kirchnerismoLa Fundación LED reiteró hoy en un comunicado su preocupación por el proyecto de un grupo de diputados del Frente para la Victoria para limitar los comentarios en la webLa finalidad de la norma (evitar la discriminación), parece noble. Sin embargo, su implementación es peligrosa. "El proyecto amplía el concepto de 'acto discriminatorio' de modo tal que resulta difícil determinar en qué circunstancias se incurrirá en actos pasibles de sanción, y como consecuencia, casi cualquier expresión podría llegar ser considerada como violatoria de la ley", protestó la ONG presidida por la ex diputada Silvana Giudici.
Otro aspecto controvertido es la inversión de la carga de la prueba. Al respecto, desde LED recordaron que en el reciente fallo (del expediente "María Belén Rodríguez c/ Google s/ Daños y perjuicios"), "la Corte Suprema estableció que toda restricción a la libertad de expresión se presume inconstitucional".
"Las circunstancias señaladas generan que los ciudadanos y, en particular, los comunicadores sociales y los medios de comunicación, queden expuestos a situaciones tan difíciles de prever y controlar que podrían inducirlos a la autocensura", opinó Giudici.
"No podemos dejar de considerar que el proyecto ha sido tratado en un contexto de iniciativas parlamentarias que intentan criminalizar la expresión más allá de los límites constitucionales", completó, recordando que uno de los antecedentes que marcaron los autores de la iniciativa es "un proyecto de ley de los diputados Remo Carlotto, Diana Conti y otros, de octubre de 2014, mediante el cual se facultaba al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a clausurar plataformas de internet que admitan comentarios de usuarios cuando se considerase que los mismos contenían mensajes discriminatorios".
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso dictaminó el 14 de julio pasado a favor de un proyecto de "Ley Nacional contra la Discriminación" impulsado por los diputados Andrés Larroque, Diana Conti y Remo Carlotto, entre otros, mediante el cual se deroga la ley 23.592 y se impone la nueva normativa, que en su afán de condenar con prisión de un mes a tres años al que incitare a la persecución, el odio, la violencia o la discriminación mediante mensajes publicados en internet, incluyó a los administradores de medios que permitan ese tipo de posteos, lo cual podría derivar en una virtual censura de los comentarios en los medios masivos debido a la imposibilidad de controlar un volumen tan grande de mensajes.
Un medio advierte "Si se aprueba la Regulación de Internet, OPI anulará la sección Comentarios”La decisión de nuestra empresa, de no prestarse al garrote mediático del gobierno, es también una protesta en contra de la pasividad de una sociedad que se cocina a fuego lento, que sufre el síndrome de Estocolmo y que naturaliza los peores atropellos. Mientras no cambie la cultura del “no te metas” y se espere siempre el sacrificio del otro, existirán gobierno autoritarios y populistas que amenazarán nuestras libertades y nos sumirán en la decadencia, hasta que encadenen nuestras ideasPor: Rubén LasagnoA raíz del proyecto presentado por los diputados ultra kirchneristas, Remo Carloto, Diana Conti, Carlos Heller y Andrés Larroque, para reprimir los comentarios en Internet, que aparecen en los pies de nota y que funcionan como espacios de libre expresión de los lectores, OPI hace saber que si tal medida supresora de las libertades de expresión, se concreta, nuestra Agencia eliminará de sus recursos, el espacio de libre opinión debajo de cada nota.
OPI Santa Cruz fue, entre los portales de internet en esta provincia, el precursor de la opinión libre de sus lectores, aún reconociendo que en algunas oportunidades, los excesos de algunos, nos han obligado a tomar medidas puntuales, pero nunca se ha censurado o autocensurado la opinión de alguien, sin embargo, hoy, que vemos amenazada esta herramienta fundamental que le permite interactuar y expresarse a cada lector, que sirve para sacarlo del papel de sujeto pasivo, no estamos de acuerdo en someternos al garrote mediático de un gobierno moralmente incompatible con las medidas que pretende tomar y que solo apuntan a cercenar nuestro derecho de informar y anular la libre expresión del pueblo.
Como empresa periodística que jamás abrevó entre los dineros públicos, que no le debe nada a los oficialistas ni a la oposición, sentimos que debemos ser consecuentes con nuestros principios de libertad de las ideas y los modos de expresión; y como lejos está en el ánimo de estos adalides del chupamedismo K, como lo son los diputados padres y madres de este nuevo engendro de censura previa, nosotros no nos vamos a prestar a sus bajos instintos, no nos vamos a poner bajo los cánones de estos populistas irreverentes, prostituídos autoritarios e impunes, odiadores seriales de las libertades y destructores de la democracia.
El objetoSintéticamente, los diputados K, proponen “reprimir con penas de un mes a tres años de prisión a quien alentare o incitare a la persecución, el odio, la violencia o la discriminación contra una persona o grupo de personas mediante mensajes publicados en internet”.
Será considerado “contenido discriminador, todo mensaje publicado en las plataformas de contenidos producidos por los usuarios que “a través de patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones, mensajes, valores, íconos o signos transmita y/o reproduzca dominación y/o desigualdad en las relaciones sociales, naturalizando o propiciando la exclusión o segregación en razón de pretextos discriminatorios”.
Tal como lo refiere Clarín la persona afectada por un acto discriminatorio podrá presentar la denuncia ante la autoridad administrativa, policial o judicial, quienes tendrán la obligación de recibirla. La imagen de ese comentario será prueba suficiente y entonces el juez estará encargado de determinar si aquello puede estar considerado como una discriminación y ser castigado con alguna pena.
La verdad y la mentiraTras la piel de cordero que muestra el proyecto, como es la intención de proteger el buen nombre y honor de las personas, de la descalificación que hace la gente en la web, se esconde el verdadero objetivo: cercenar el derecho a opinar libremente, porque el 99% de la opinión públicas en los “coments” de las notas, están referidas al sector político y resumen duras críticas en contra de los candidatos o el propio gobierno. Pero esto va mucho más allá del gobierno y convengamos que en la política nadie se le opone, porque saben que en el fondo, se hacen un favor asimismo.
El gobierno cree que con esta medida, se saca de encima un lastre mediático tan grande (o más) que las propias notas, dado que el rigor periodístico, suele impedir a su autor dar información altamente sensible u opinión no fundamentada en pruebas documentales o testimonios; en tanto el lector suele volcar allí datos más que enriquecedores y marca toda una tendencia sobre lo que piensa el pueblo de un candidato, una gestión o algún hecho de corrupción.
Es decir, el gobierno aplica una medida chavista y pretende silenciar las críticas que no puede controlar, porque el universo de la web, es prácticamente tan vasto y sin legislación, que no puede ejercer el poder de veto a cualquiera que aplique un criterio, equivocado o no, sobre la acción de quienes tienen la responsabilidad de conducir el país, o ser oposición.
…pero la culpa no es de ellosAunque el lector crea que la culpa es enteramente del gobierno nacional, no es así: ellos hacen lo que mejor saben hacer: mentir, delinquir, engañar, someter, prometer y anestesiar a la sociedad. Es la sociedad, quien debe sacudirse estas iniciativas de su pelaje; pero la sociedad está dormida.
Lamentablemente, debo decir que un pueblo que no sale a la calle a hacer tronar el escarmiento contra su autoridades electas, luego de haber desplazado a un Juez Federal, porque mandó a allanar los negocios truchos de la familia presidencial, que se olvidó que en Argentina mataron a un fiscal que acusó al gobierno de gruesos delitos, que no se inmuta porque ya van seis jueces y fiscales que son corridos del cargo por inmiscuirse en el poder, que tampoco levantó la voz cuando el gobierno probó poner el impuestazo a los autos, lo que duplicó los precios y cerró fábricas, solo por poner unos pocos ejemplos de los cientos que podemos rescatar; si ese pueblo no se conmovió ante eso ¿Qué podemos esperar que haga porque supriman la expresión en internet?.
Todavía parece que existe una gran parte de la sociedad que cree que el kirchnerismo es bienintencionado o que Scioli es el cambio. No reconocen que actúan por prueba y error; tiran a rodar la bola y recogen… si no hay impacto social negativo, siguen para adelante y después ya es tarde… muy tarde. Y las consecuencias no se hacen esperar.
En este caso, el gobierno ha puesto a estos diputados innombrables a ser los punteros de esta medida a todas luces antidemocrática y autoritaria, respondiendo a la raíz del kirchnerismo en estado puro, el que odia las críticas, a la prensa, al independiente y a la libertad en su conjunto. Pretenden que desaparezca la opinión de la gente en la web. Ya han tirado el anzuelo y esperan a ver qué pasa, qué recogen y en poco tiempo más, si no hay resistencia pública, será ley y ud, amigo lector, habrá perdido parte de su libertad de expresarse.
Por todo lo explicado acá, en OPI hemos tomado la firme decisión de anular el sector de comentarios de las notas, el mismo día en que se convalide este nuevo acto de censura a la expresión pública.
No nos someteremos a los caprichos de un gobierno sin moral, pero tampoco pondremos la cabeza debajo de la guillotina judicial de cualquier juez o fiscal K, para que nos someta a un perjuicio, por defender un espacio que la gente, en su mayoría, no le importa defender, en tanto lloren en silencio la pérdida de libertades y se nieguen a alzar la mano para decirle que no al soberano.
Si esta sociedad en la que vivimos, sufre al síndrome de Estocolmo y admite cocinarse en el fuego lento de las injusticias, nosotros no la vamos a acompañar. Hemos prescindido de muchas cosas para poder crear un espacio libre y gratuito, sin pauta oficial, sin ataduras ideológicas, con libertad de expresión y de ideas, para ver cómo perdemos lo conquistado con esfuerzo, para que nos derroten por amparar a los tibios.
Será decisión de todos, que esta nueva mácula de la democracia salga o no como pan caliente, de las manos obsecuentes de los nazidemocráticos como Carloto, Conti, Heller y Larroque. Después, seguramente, vendrán por las redes sociales y Ud tampoco la podrá utilizar. Nada ocurre si el pueblo no quiere que ocurra; y ya no se trata de cambiar algo con el voto, porque eso convalidaría que por cuatro años los que asumen hagan lo que se les ocurra sin control y aplicando la mentira de las mayorías para esquivar el control de sus actos impuros e impunes, implica que cada uno toma en sus manos el compromiso y la acción para evitar que nos quiten de a poco, al libertad de vivir que el pueblo argentino logró a partir del año 1983.
Fuentes: Diario El Mundo, Fundación LED, Radio República, La Nación, El Cronista, Perfil, Agencia OPI Santa Cruz
